La Cámara de Diputados rechazó en la madrugada de este jueves el capítulo 11 del Presupuesto 2026, que incluía artículos sobre energía como un millonario perdón de deudas cruzadas del Estado nacional con Edenor y Edesur, la reducción del régimen de subsidios al gas en zonas frías y la ampliación de la estabilidad fiscal para los proyectos de energías renovables.
Entre otros temas económicos, los energéticos generaron ruido en la oposición, que terminó por asestarle una derrota legislativa al gobierno de Javier Milei.
En un artículo sobre el que volvió a insistir la Nación después de un fracaso en la Ley Bases a mediados de 2024, la oposición volteó los cambios al régimen de subsidios a las zonas frías.
El Gobierno pretendía retornar al esquema original, vigente entre 2002 y 2021, que únicamente le descontaba el 50% del precio del gas natural en boca de pozo -sin transporte ni distribución- a los usuarios de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.
El kirchnerismo había ampliado en 2021 esos beneficios a buena parte del país, con nuevas bonificaciones de 30%. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se nutría de los aportes de todos los otros usuarios que están en zonas no frías, como un subsidio cruzado. Y fue históricamente superavitario, hasta que el año pasado resultó negativo.
Por eso el Gobierno este año amplió ocho veces el recargo, desde el 6% hasta el 7,5% -máximo establecido por ley- sobre el precio del gas.
El fondo fiduciario para zonas frías es el único al que se comprometió el Gobierno a mantener tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero intenta con insistencia focalizarlo exclusivamente en zonas muy frías y no en las localidades bonaerenses de La Plata o Mar del Plata.
La diputada peronista Jimena López había advertido que solo en la provincia de Buenos Aires estaba en riesgo el beneficio para 1.300.000 familias, que ahora lo preservarán.
Por otro lado, Diputados también tumbó el proyecto para que el Gobierno determine las diferencias de ingresos no percibidos por Edenor y Edesur por el congelamiento de tarifas que empezó en 2002, y por el que ambas distribuidoras reclaman una suma total equivalente a 3.500 millones de dólares.
Ese monto se compensaría con las deudas que las empresas acumularon con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) al no pagar la energía, y que fueron regularizadas mediante sucesivos planes de pagos en cuotas.
El millonario perdón de deudas cruzadas igualmente dejaría un saldo en contra del Estado y a favor de las distribuidoras controladas por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti en el caso de Edenor y por Enel, del Estado de Italia, en el caso de Edesur.
El Gobierno intenta una solución para evitar el riesgo de posibles juicios en tribunales internacionales, pero por ahora sigue sin encontrar el método que logre validación política para ello.
En tanto, otro de los artículos del capítulo rechazado extendía por 20 años más -hasta diciembre de 2045- la estabilidad fiscal para proyectos de energías renovables.
Mediante ese proyecto, las energías renovables «no estarán gravadas o alcanzadas por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», como podría ser un ‘impuesto al viento’ que se le ocurriera a algún intendente.
La negativa del Congreso provocó bronca y preocupación en las empresas del sector, que asegura no querer subsidios pero necesita estabilidad para que sigan llegando las inversiones.