El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que la reforma laboral impulsada por Javier Milei deberá pasar por el filtro de la Justicia y recordó que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma.
En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Perfil, Rosatti se refirió a la posibilidad de que la instrumentación final de la reforma se trabe en los tribunales y termine definiéndose en la Corte, como sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases.
Rosatti explicó que el sistema judicial argentino habilita a que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de la norma, lo que habilita a que la discusión no termine en el Congreso y se defina en los tribunales.
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«El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso. Los controles de constitucionalidad pueden ser concentrado o difuso. Concentrado es cuando se concentra en un solo Tribunal. Difuso es cuando cualquier juez lo puede hacer. Aquí se optó por un control de constitucionalidad difuso que escala hacia el vértice del último control que realiza la Corte», detalló Rosatti.
«Es inevitable el control difuso, porque nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad. Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo», afirmó.
El presidente de la Corte se refirió a la posibilidad de que el Congreso incluya algún vericueto legal para que la reforma no se empantane en los tribunales como sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases. » Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional? Y a partir de esa última palabra ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio», indicó.
Rosatti también explicó que el Estado nacional utiliza a su conveniencia el control difuso que cuestiona en casos como el de la reforma laboral. «El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es. ¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo?», ironizó.