En un evento de la Cámara Nacional Electoral, expertos y autoridades evaluaron la implementación de la Boleta Única para 2025 y abordaron aspectos de una posible reforma electoral que enviaría el Poder Ejecutivo.
El pasado martes 17 de marzo, en un evento organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), se analizó desde diversas perspectivas la utilización de la Boleta Única Papel (BUP) para las elecciones legislativas de 2025. El encuentro, que contó con la presencia de miembros de la CNE, secretarios electorales de todo el país, expertos y representantes de la sociedad civil, también permitió esbozar aspectos de una posible reforma electoral integral que, se estima, el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso en breve.
Durante las exposiciones, se repasó el proceso de aprobación de la BUP, se realizó una evaluación positiva de su uso y se plantearon mejoras operativas de cara a la próxima elección presidencial. La diversidad de los disertantes, provenientes de los ámbitos judicial, legislativo y ejecutivo nacional, enriqueció el debate y ofreció una mirada preliminar sobre los temas que podría incluir la reforma, tomando como referencia lo conversado en torno a la Ley de Bases y opiniones de miembros del oficialismo.
Entre los puntos discutidos en relación a la BUP, se mencionó la posibilidad de impulsar el casillero para votar la lista completa, presente en el proyecto original de Diputados, para evitar confusiones al elector. También se evaluó la adhesión de las elecciones provinciales y municipales a la boleta nacional, una idea que algunos consideran que merece un análisis federal exhaustivo para evitar la creación de una «boleta sábana».
Un segundo eje de análisis fue la utilidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se debatió sobre su posible eliminación, suspensión o reconversión en no obligatorias. Los defensores de su carácter obligatorio argumentaron que han servido como un ordenador del sistema político, permitiendo reducir una multiplicidad de candidaturas, como ocurrió en las presidenciales de 2023. Advertieron que hacerlas optativas podría debilitar la representación y, en distritos más pequeños, facilitar maniobras del aparato político para elegir opositores débiles.
Otros temas que se mencionaron en el marco de la posible reforma fueron el financiamiento partidario, donde se subrayó la necesidad de garantizar un piso de igualdad ante la ley para todos los participantes, más allá de los aportes privados que deben ser acotados y transparentes. Finalmente, se tocó el ordenamiento de los partidos políticos, con propuestas para hacer más restrictivos los requisitos para su desarrollo, tendiendo a una mayor concentración. Frente a esto, surgieron posturas que consideran que elevar los pisos de organización o de votos en un contexto de baja participación ciudadana en los partidos podría ser contraproducente, y que el sistema debería regirse por lo que la ciudadanía decida en las urnas.
El tratamiento de estos temas en el proyecto de ley que se enviaría al Congreso aún no se conoce en detalle. Desde el evento se alentó a que el debate legislativo sea amplio e incluya a los diversos actores que comprenden la temática electoral.