Un análisis de datos oficiales revela que varios condados del estado obtuvieron ingresos millonarios al alojar a migrantes indocumentados en sus cárceles, en el marco de acuerdos de cooperación con el ICE. La práctica, de larga data, enfrenta un creciente escrutinio público y debate ético.
Un informe basado en datos oficiales del gobierno federal de Estados Unidos mostró que, en los últimos años, varios condados de Pensilvania facturaron más de 21 millones de dólares por la detención de migrantes indocumentados en sus cárceles locales. La información detalla cómo las autoridades locales cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales para este fin, un negocio que ahora genera un debate ético en las comunidades.
El medio local Spotlight PA publicó recientemente el análisis, que encontró que entre 2024 y 2025 los condados de Pike, Clinton, Erie y Franklin cobraron colectivamente esa suma. De ellos, Pike fue el que más ingresos recibió, con 16 millones de dólares. Un quinto condado, Cambria, también tiene un sistema similar, según registros federales y un funcionario, aunque su administración no compartió datos específicos.
Los acuerdos de detención, que requieren el respaldo de líderes electos del condado o juntas penitenciarias, permiten a las jurisdicciones facturar al gobierno federal. Las tarifas más recientes oscilaban entre 82 y 120 dólares por persona por día, a lo que se pueden sumar cargos por servicios adicionales. Funcionarios que apoyan estas alianzas, como el comisionado del condado de Cambria, Scott Hunt, argumentan que los ingresos financian servicios locales y que su reemplazo requeriría una planificación exhaustiva.
Sin embargo, la práctica enfrenta una oposición creciente. En una reunión del Consejo del Condado de Erie en febrero, ciudadanos y grupos como las Hermanas Benedictinas de Erie expresaron su rechazo, considerando «inmoral» participar en el endurecimiento del control migratorio y señalando que fomenta un clima de «miedo y caos». Los críticos también destacan que, a diferencia de los acusados en el sistema penal, los migrantes detenidos bajo estos acuerdos no tienen derecho a un abogado de oficio, lo que puede alargar su detención.
Los defensores de los acuerdos sostienen que, si el condado los cancela, el ICE simplemente trasladaría a los detenidos a otros lugares, lo que implicaría perder los ingresos sin afectar las deportaciones y podría dificultar el contacto de los arrestados con sus familias. De cara a los próximos meses, algunos de estos convenios están cerca de finalizar, lo que mantiene el debate sobre su futuro.