En una protesta inédita, las casas de estudio mantuvieron servicios abiertos al público para visibilizar la demanda por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En una acción de protesta denominada «la universidad no se apaga», las universidades nacionales argentinas realizaron una jornada de 24 horas de actividades ininterrumpidas para reclamar por el financiamiento del sistema educativo superior. En lugar de un paro tradicional, se optó por mantener las puertas abiertas y ofrecer servicios a la comunidad, buscando visibilizar el valor de la educación pública.
En la Ciudad de Buenos Aires, el programa UBA En Acción instaló camiones sanitarios en la avenida Córdoba, frente a la Facultad de Ciencias Económicas. Allí, equipos de odontología, veterinaria, cirugía y otras especialidades brindaron atención gratuita a cientos de personas. Según los organizadores, se atendió a aproximadamente 150 pacientes por hora, realizando extracciones dentales, análisis de sangre y consultas médicas.
«El presupuesto baja, nuestro compromiso sube», fue la consigna de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que también ofreció clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres y asesoramiento legal. El odontólogo Jorge Pasart, a cargo del programa, estimó que para las 18 horas ya se habían atendido a más de 300 pacientes y realizado más de 500 extracciones.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, destacó en una conferencia de prensa que esta manifestación es «la mejor demostración de la potencia que tiene la universidad pública». La principal demanda del sector es la actualización de salarios docentes, que según los rectores acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%.
Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, graficó la situación: «Recién el sueldo de un docente jefe de trabajos prácticos, con dedicación exclusiva y un doctorado, llega al valor de la canasta básica total». Evelson advirtió sobre el abandono de las generaciones jóvenes de la universidad y pidió al gobierno nacional que cumpla con la ley y convoque al diálogo.
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso en agosto pasado y promulgada en octubre, pero no ha sido aplicada. El Ejecutivo argumenta que espera que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, lo que llevó a los rectores a judicializar el pedido de cumplimiento. El 31 de marzo, la Justicia confirmó una medida cautelar para que el Gobierno arbitre los fondos.
La jornada de protesta activa se replicó en universidades nacionales de todo el país y culminó con una clase pública frente a la Secretaría de Educación de la Nación.