Ismelda Soriano, residente en San Diego desde hace más de una década, decidió regresar a Guatemala con sus hijos tras recibir una orden final de expulsión. La mujer aseguró sentirse «en paz» con su decisión.
Ismelda Soriano, una migrante guatemalteca que vivió 12 años en San Diego, California, optó por la autodeportación luego de perder su caso de asilo y agotar todas las instancias legales. La mujer recibió una orden final de expulsión en diciembre de 2024, según confirmó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante su estadía en Estados Unidos, Soriano trabajó en la limpieza de casas y mantuvo a su familia, incluso después de que su esposo fuera deportado semanas antes. Cumplió con todas las citas migratorias y portó un grillete electrónico. A pesar de no tener antecedentes penales, su solicitud de asilo fue denegada en 2018, y las apelaciones posteriores no prosperaron.
Una de sus hijas, que llegó al país siendo bebé, expresó a Noticias Telemundo que la situación migratoria les generaba miedo. Por su parte, Ismelda afirmó que era «la hora de irse» porque el proceso era «muy estresante». Sin embargo, luego de tomar la decisión, aseguró estar «en paz».
Uno de los factores que retrasó su partida fue la condición de salud de su hijo David, de cinco años, nacido en Estados Unidos y que padece una enfermedad muscular. La familia continuará su tratamiento en Guatemala. Antes de partir, Soriano regaló alimentos, dejó sus muebles y se despidió de amigos y compañeros de la iglesia.
La salida se concretó en el aeropuerto de Los Ángeles, donde abordó el avión con pasaportes. «Me voy contenta y con mucha fe en Dios que él va a sanar a David», declaró. La administración de Donald Trump ofrece un incentivo económico de hasta 2600 dólares, más vuelo gratuito, a quienes optan por la autodeportación a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que esta modalidad reduce el costo estatal a unos 5100 dólares por persona, frente a los 18.245 dólares de una deportación forzada.