El proyecto oficialista que busca modificar la Ley 24901 genera debate. La abogada Marta Lastra alerta sobre el impacto en 5 millones de personas y la posible desregulación del sistema de prestaciones.
El Gobierno nacional impulsa una reforma a la Ley 24901, que regula las prestaciones para personas con discapacidad en Argentina. La iniciativa, que modifica el nomenclador de prestaciones, ha generado controversia entre especialistas del sector.
Marta Lastra, abogada especializada en derecho de la discapacidad, expresó su preocupación en diálogo con Perfil Córdoba. Según la letrada, eliminar el nomenclador nacional podría dejar a las aproximadamente 5 millones de personas con discapacidad en el país sujetas a las leyes del mercado, lo que derivaría en una fragmentación del sistema de cobertura.
“Pasamos del derecho a la salud al negocio de la salud para las personas con discapacidad”, afirmó Lastra, quien sostuvo que la medida podría generar desigualdades según la capacidad económica de cada persona. “Tendremos personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría”, agregó.
La especialista también señaló que el nomenclador actual ya es insuficiente. Ejemplificó que las prestaciones ambulatorias rondan los 18.000 pesos, mientras que la cobertura de hogar es de aproximadamente un millón de pesos, monto que debe cubrir pañales, comida, terapias, alquiler y otros gastos. “Un alquiler de dos dormitorios cuesta mínimo 800.000 pesos con expensas. No hay forma de brindar un cuidado adecuado”, explicó.
En cuanto a las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Lastra cuestionó los métodos utilizados. Señaló que se gastaron 22.203 millones de pesos en enviar cartas por servicio postal, y que las irregularidades detectadas se deben a que muchas personas con discapacidad en situación de pobreza no tienen domicilio fijo. “Eso no es una irregularidad, es una ausencia de lectura social”, indicó.
La abogada también advirtió que la reforma podría vulnerar principios constitucionales y tratados internacionales suscriptos por Argentina, como el de no regresión y progresividad en materia de derechos. “El principal ataque de este proyecto es al Estado de derecho en materia de derechos humanos”, concluyó.
El debate se da en un contexto de incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, según denuncian organizaciones del sector. El proyecto oficialista aún debe ser tratado en el Congreso.