La prosperidad de un país depende de la calidad de sus instituciones. En Argentina, el respeto a la propiedad y los contratos ha sido erosionado por décadas de intervención estatal, afectando la inversión y el desarrollo.
La prosperidad de un país no depende solo de sus recursos naturales ni de los ciclos internacionales. Depende, sobre todo, de la calidad de sus instituciones: reglas estables, previsibilidad y confianza. En ese contexto, pocas garantías resultan tan relevantes como el respeto a la propiedad y a los contratos, es decir, la libertad económica entendida como el conjunto de derechos patrimoniales que permiten a las personas planificar, invertir, trabajar y emprender con horizonte de largo plazo.
Esa libertad se encuentra resguardada en la Constitución nacional, fue expuesta con maestría por Alberdi en su Sistema Económico y Rentístico y mereció durante décadas una significativa protección por parte de la justicia argentina, para la que las leyes posteriores no podían alterar derechos. Sin embargo, a partir de la legislación de emergencia de la década de 1920, la doctrina de la emergencia y muchos otros instrumentos legales alteraron por completo las bases constitucionales de la economía argentina.
A partir de entonces aparecieron precios máximos, mínimos o congelamiento de precios, obligación de vender el producido de la tierra a monopolios estatales o de contratar “números vivos”, a lo que cabe sumar intervención de empresas privadas, expropiaciones sin pago de indemnización y restricciones económicas de toda índole. Este fenómeno se dio todavía con más fuerza en las relaciones contractuales entre el Estado y los particulares. La incertidumbre por el comportamiento estatal en sus contratos repercutió en mayores precios y en un ecosistema en el cual germinaron conductas venales de la más variada índole.
Con cada nueva crisis, la economía argentina se reseteó y una vez más todos los contratos quedaron sujetos a revisión. Lo que debería ser excepcional se volvió frecuente y la estabilidad normativa naufragó entre gobiernos militares y otros con débiles credenciales democráticas. Desde 1983 hasta hoy, la Argentina dio un paso gigante al rechazar la violencia como forma de afrontar las disputas políticas. No logró, sin embargo, recuperar el respeto por sus instituciones económicas.
Las recurrentes crisis de inflación o de deuda, fruto de políticas presupuestarias pródigas, solo acentuaron la intervención estatal en todos los contratos. A la intervención directa sobre los contratos se le puede sumar el cúmulo de regulaciones, autorizaciones y permisos que se reinstalaron progresivamente en la economía a partir de 2003. Toda esta maraña administrativa, terreno fértil para las más variadas corruptelas, fue otro poderoso mecanismo de desaliento estatal sobre la economía.
Cuando la importación de insumos, los precios de venta o el acceso a divisas depende de regulaciones administrativas inestables, la actividad económica deja de proyectar más allá de lo que estima que puede durar la regulación o el humor del funcionario que dicta las medidas. De esta forma, nuestro país cambió un sistema económico basado en la iniciativa privada y el respeto a la propiedad, por un régimen de gestión estatal prebendario e inestable. Al haber trastocado las bases de la cooperación social, la natural consecuencia fue el estancamiento económico y el crecimiento sostenido de la pobreza.
Como dijimos, desde 1983 la Argentina consolidó un acuerdo fundamental: dirimir los conflictos políticos dentro del marco constitucional y desterrar la violencia como método. Es tiempo de completar ese logro con un segundo pacto, igualmente básico y transversal: que en materia económica rijan reglas estables, previsibles y generales, que la propiedad y los contratos sean efectivamente respetados y que el derecho vuelva a ofrecer el marco de confianza indispensable para invertir, trabajar y emprender. Esa tarea involucra al Gobierno, compromete a la política y exige coherencia en las decisiones públicas; pero, sobre todo, interpela a la sociedad en su conjunto, porque sin un consenso social profundo sobre el valor de las reglas y de la palabra empeñada, no habrá marco jurídico capaz de sostener un desarrollo genuino y sustentable.