El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado con modificaciones significativas para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista.
El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiguió dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara alta, que el oficialismo prevé convocar dentro de dos semanas.
El proyecto sufrió cambios con relación al texto redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Entre las modificaciones se destaca la eliminación del capítulo que buscaba eliminar el programa nacional de regulación de tierras en villas y barrios de emergencia del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La bancada libertaria que conduce Patricia Bullrich (Capital) cedió en la aplicación del proceso sumarísimo de desalojo en tres días de viviendas y terrenos. El dictamen establece diferencias entre intrusos, usurpadores, locatarios y tenedores u ocupantes precarios.
Los plazos de intimación se amplían a 10 días corridos para casos de mora en contratos de alquiler. La entrega inmediata del bien se mantiene solo para usurpadores.
En cuanto al régimen de tierras rurales, el dictamen otorga a las provincias la facultad de aprobar ventas a capitales extranjeros. Se mantiene la prohibición absoluta de adquisición de tierras en zonas de frontera y por parte de otras naciones o personas físicas o jurídicas con participación de otros países, cuya autorización queda en manos de la Nación.
Bullrich destacó que se receptaron modificaciones propuestas por expositores y senadores de todos los bloques. El kirchnerismo duro rechazó la propuesta argumentando falta de consulta previa. Florencia López (Justicialista-La Rioja) pidió suspender la reunión, pero el encuentro continuó.
La oficialista Nadia Márquez (Neuquén), presidenta de la Comisión de Legislación General, anunció que el dictamen pasaba para la firma tal como lo leyó Bullrich, quien dejó abierta la posibilidad de sumar cambios antes de la discusión en el recinto.
Carolina Moisés (Convicción Federal) planteó cambios, entre ellos fijar en 180 días el plazo para el desalojo y autorizar por ley provincial la venta de tierras a compradores extranjeros. El kirchnerismo duro reclamó audiencia pública por afectación al medio ambiente.
Ana Marks (Justicialista-Río Negro) afirmó que la iniciativa extranjeriza territorios con recursos naturales y lo deja en manos de las provincias. Bullrich explicó que se incluyeron cambios en el capítulo de expropiaciones, restringiendo condiciones para que el Estado se quede con un bien privado, con un límite del 30% del valor del daño emergente como pago por lucro cesante.
La tasa de interés para expropiaciones será una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) más la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento a 30 días.