La audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comenzó este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. La Fiscalía y la defensa solicitaron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares pidieron la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.
La audiencia preliminar a la que fue citada Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, comenzó pasadas las 18.00 horas de este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. En esta instancia, la Fiscalía y la defensa de Gómez solicitaron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír pidieron medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada dos semanas.
Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado propuso juzgar por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, ingresó a la audiencia a las 18.20 horas, vestida con un traje negro con americana, como en ocasiones anteriores. Accedió a los juzgados en coche a través del garaje, mientras que su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados, lo hicieron a pie.
Además de los investigados y sus abogados, a la audiencia fueron citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.
En declaraciones a los periodistas previas al inicio de la audiencia, el abogado de Hazte Oír señaló que la acusación popular unificada pediría la retirada del pasaporte de Gómez y la comparecencia quincenal en el juzgado, al entender que existe riesgo de fuga. No obstante, indicó que no solicitarían prisión provisional para ninguno de los tres investigados.
En el escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio, al sostener que los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno y que existe mala fe por parte de las acusaciones. La Fiscalía también pidió al magistrado el archivo del caso y adelantó que reclamaría la absolución de los tres investigados si la Audiencia de Madrid considera procedente abrir juicio oral.
Por su parte, las acusaciones populares solicitaron hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para la asesora Cristina Álvarez, por presunta malversación y su papel de cooperadora necesaria. Asimismo, reclamaron seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.