El equipo jurídico del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General por un contrato de asesoría adjudicado por la filial Cenit de Ecopetrol a la firma Gesycobro SAS, por un monto superior a 21.108 millones de pesos.
El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General por la contratación de asesorías en el sector petrolero nacional. El caso involucra a la filial Cenit de Ecopetrol y a la firma Gesycobro SAS, beneficiaria de un contrato que superó los 21.108 millones de pesos.
Según la denuncia, existirían presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica. El abogado Germán Calderón España, líder del equipo dorado anticorrupción del proceso de empalme, afirmó que se habrían detectado posibles delitos relacionados con la celebración del contrato.
La denuncia señala supuestas relaciones políticas entre miembros de la firma beneficiada y Jorge Edilson Murcia, quien se desempeñó como vicepresidente jurídico de Cenit y previamente fue representante a la Cámara por el Huila. La controversia se centra en la presunta falta de idoneidad de la firma adjudicataria y en la sospecha de vínculos políticos que, según los denunciantes, influyeron en el proceso de selección.
Calderón España declaró que la denuncia está respaldada por los respectivos contratos, informes de auditoría forense, reportes de prensa y advertencias emitidas por la Contraloría General de la República. «Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente», sostuvo.
El documento presentado indica que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta, regulada bajo un régimen especial como entidad adscrita a Ecopetrol. Esta característica implicaría consecuencias específicas en materia penal, disciplinaria y fiscal para los responsables de la gestión contractual.
La denuncia está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá decidir si abre una investigación formal sobre el caso. El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella sostiene que los hallazgos presentados constituyen una muestra concreta de la labor de auditoría forense impulsada durante el proceso de empalme.
La denuncia menciona que, el 11 de julio de 2004, la Contraloría General de la República emitió una advertencia ordinaria al gestor fiscal mediante un estudio sectorial para lo minero-energético, donde se identificaron cuatro riesgos: baja significativa en los ingresos de la Nación, impacto fiscal por subsidios, disminución de la inversión extranjera directa e incremento del déficit del PTEC.
Además, se presentó otra denuncia por un contrato de tierras entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), orientado a la adquisición y entrega de predios dentro del programa de Reforma Agraria. El equipo de empalme sostiene que el valor del acuerdo asciende a 500.000 millones de pesos, de los cuales el 80% ya habría sido desembolsado. El informe revela que la ejecución material sería inexistente, ya que la obligación principal era entregar los bienes debidamente escriturados y, hasta el momento, «no existe escritura alguna».
Esta denuncia plantearía un riesgo inmediato: los beneficiarios del programa podrían recibir terrenos sin títulos idóneos, lo que compromete la seguridad jurídica y la efectividad de la Reforma Agraria. El Equipo Dorado Anticorrupción considera que este tipo de irregularidades debe ser investigado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
En medio del empalme, el grupo anticorrupción del presidente electo ha interpuesto denuncias penales, disciplinarias y fiscales sobre la gestión de fondos públicos, señalando posibles delitos y omisiones en la ejecución de programas clave. Las pruebas incluyen documentos contractuales, análisis forense y reportes oficiales, con el objetivo de que las autoridades determinen responsabilidades.