El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría escuchar las denuncias de la gerente del Fondo Adaptación, y ordenó a su futuro gabinete garantizar su seguridad.
A menos de dos semanas de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De la Espriella se pronunció sobre las denuncias de presuntas irregularidades que involucran al gobierno saliente de Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, el mandatario electo solicitó a los organismos de control y a las autoridades de su futura administración que escuchen las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, y adopten medidas para su protección.
El pronunciamiento ocurrió luego de que Rodríguez concediera una entrevista a Noticias RCN, en la que denunció presuntas presiones, posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y manifestó temor por su seguridad tras alertar sobre el traslado de más de 1,2 billones de pesos destinados a obras en La Mojana.
“Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”, escribió De la Espriella.
Además, instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) designado, Didier Blanco, a que “desde el primer momento en que asuman el cargo, garanticen la protección de la funcionaria Angie Rodríguez”.
Rodríguez afirmó que ha recibido presuntas presiones y hostigamientos por sus denuncias, y que debió sacar a sus padres del país por motivos de seguridad. Responsabilizó a altos funcionarios del Gobierno si algo le ocurriera a ella o a su familia.
De la Espriella concluyó su mensaje con una advertencia: “La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”.
En la entrevista, Rodríguez reveló que el Fondo Adaptación emitió alertas a la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo sobre el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026. Según explicó, el Gobierno busca trasladar más de 1,2 billones de pesos comprometidos para proyectos de recuperación integral en La Mojana, con el propósito de atender la emergencia por el fenómeno de El Niño.
Rodríguez sostuvo que esos recursos no son de libre destinación, ya que forman parte de una política pública respaldada por documentos Conpes, decisiones del Confis y tres decretos que proyectan su ejecución hasta 2029. Afirmó que el Fondo Adaptación no fue convocado a una mesa técnica para evaluar la viabilidad del traslado.
La funcionaria aseguró que interpondrá acciones legales contra el decreto, por considerar que existen presuntas irregularidades jurídicas como desviación de poder, falsa motivación y expedición irregular del acto administrativo. También advirtió que el Código Penal contempla delitos como prevaricato por acción y omisión para funcionarios que adopten decisiones contrarias al ordenamiento jurídico.
Rodríguez indicó que comenzó a alertar sobre presuntas irregularidades desde noviembre de 2025, cuando aún formaba parte del Gobierno, y que ha realizado más de 137 actuaciones ante diferentes organismos, todas con respaldo documental. Manifestó su intención de entregar auditorías sobre la gestión del Fondo Adaptación al próximo gobierno.