La causa por una presunta defraudación de USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre del Sindicato de Camioneros en Mar del Plata registró un nuevo capítulo: la defensa de uno de los imputados solicitó a la Justicia que se investigue a la proveedora Lexham S.A. y cuestionó la falta de entrega de documentación contable por parte del gremio.
La causa que investiga una presunta defraudación de unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros en Mar del Plata, sumó nuevas presentaciones judiciales. El abogado Maximiliano Orsini, defensor del ex gerente del hotel, solicitó medidas de prueba adicionales centradas en la empresa proveedora Lexham S.A. y cuestionó que el gremio no haya aportado la documentación contable requerida para avanzar con la pericia.
El expediente es investigado por el fiscal David Bruna y la jueza Lucrecia Bustos a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y allegado al líder del gremio, Hugo Moyano. Están imputados el ex secretario Administrativo del sindicato, Claudio Balazic; el ex secretario Tesorero, Paulo Villegas; un contador; dos ex empleados del hotel (uno fue gerente y otro chef) y dos ex proveedores.
En su presentación, Orsini pidió que se determine con precisión la participación de Lexham S.A. en los hechos, qué operaciones comerciales mantuvo con entidades vinculadas al Sindicato de Camioneros y quiénes ejercían funciones de conducción y administración en la empresa. Señaló que Marcela Alejandra Montero, quien figura como presidenta y apoderada de Lexham, posee un vínculo profesional directo con el gremio: fue apoderada judicial del sindicato y tiene relación laboral y comercial con la entidad desde 2019.
El defensor planteó la hipótesis de que Montero haya tenido funciones societarias dentro de Lexham al mismo tiempo que representaba jurídica y laboralmente al sindicato, lo que requeriría investigar un posible direccionamiento de proveedores, contrataciones irregulares y manejo de recursos económicos entre el sindicato, el hotel y la empresa.
En declaraciones a Infobae, Orsini afirmó que “la causa no avanza porque no se aportaron los elementos probatorios que debieron aportarse desde el punto de vista contable, sino que simplemente son afirmaciones del propio Maldonado y especulaciones probatorias que dicen tener, pero que hasta ahora contablemente no surgen de la causa”.
Además, el abogado señaló que el sindicato no presentó una auditoría interna ni la documentación contable pedida por la defensa en al menos cuatro oportunidades. “Están violentando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso”, sostuvo.
Por su parte, Javier Moral, abogado de Camioneros, dijo al sitio 0223 que “habría una usina de facturas apócrifas producida por estos imputados que eludían los controles de ARCA y de las áreas correspondientes del sindicato”. Añadió que “las autoridades máximas no tenían ningún conocimiento ni vinculación con esto” y que por eso la obligación fue denunciar de inmediato.
En su declaración ante la Justicia, Maldonado sostuvo que las irregularidades se detectaron a fines de julio de 2025, cuando el contador le informó sobre un requerimiento de ARCA por las empresas proveedoras del hotel. Dijo que luego de una reunión con Hugo Moyano, se descubrió la “maniobra fraudulenta”. También reconoció que los cheques para los pagos del hotel se confeccionaban en el sindicato en Buenos Aires, firmados en blanco por tres dirigentes (él, Balazic y Villegas), y luego se entregaban a la gerencia del hotel.
En tanto, la causa adquirió otro cariz luego de que se conociera que un alto funcionario de ARCA denunció ante la Justicia que hubo presiones y desplazamientos para frenar una pesquisa sobre la estafa. Según publicó el diario La Nación, la denuncia fue presentada por Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años en el organismo, ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata. En su escrito afirmó que autoridades de ARCA en Buenos Aires ejercieron presiones sobre quienes investigaban presuntos desvíos de fondos a través de proveedores del hotel.
De acuerdo con La Nación, en menos de 7 meses fueron corridos al menos 6 funcionarios de ARCA en Mar del Plata vinculados a esa línea de fiscalización, entre ellos jefes con entre 10 y 14 años de antigüedad. El organismo negó la acusación y dijo que desde enero de 2024 había desplazado a 1.883 jefes, de los cuales 163 aún no fueron reemplazados.