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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo al Decreto 612/2026, que reglamenta los aportes obligatorios, y sostuvo que la norma desvirtúa el proyecto original de reforma laboral impulsado por el Gobierno.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo al Decreto 612/2026 dictado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la normativa representa un retroceso en la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La entidad expresó su “desilusión” y señaló que la medida desvirtúa un objetivo central de la reforma promovida originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En un comunicado, CADAM ratificó su respaldo al rumbo macroeconómico y al ordenamiento de las cuentas públicas, pero advirtió que el nuevo texto mantiene la obligación patronal de financiar estructuras corporativas ajenas mediante contribuciones que aumentan el costo laboral. La cámara sostuvo que “las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación”. Según la entidad, con ese argumento se recaudan más de $30.000 millones al año, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas.
Además, CADAM afirmó: “No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponer una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”.
El proyecto original promovido por la Casa Rosada establecía la estricta voluntariedad de los aportes patronales especiales a cámaras y asociaciones previstos en los convenios colectivos. Sin embargo, el texto definitivo trocó esa libertad por un tope del 0,5% de las remuneraciones que ahora el Decreto 612/2026 direccionará hacia fines sociales y asistenciales de los trabajadores, sin eliminar la obligatoriedad de la carga.
La cámara advirtió: “Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”.