El juez federal Martín Irurzun, de 75 años, aguarda desde hace un mes una resolución de la Corte Suprema sobre su continuidad en el cargo, tras no recibir la prórroga presidencial.
El juez federal Martín Irurzun, con más de medio siglo de trayectoria en la Justicia federal, se encuentra desde hace un mes en una situación de indefinición jurídica. Al cumplir 75 años, el presidente Javier Milei no envió su pliego al Senado para otorgarle una prórroga de cinco años, por lo que el magistrado presentó un recurso que está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
En contraste, el Gobierno sí otorgó una prórroga al padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, quien no posee una trayectoria judicial tan extensa como la de Irurzun. Una situación similar ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchner con la jueza de Casación Ana María Figueroa, aunque en ese caso el episodio derivó en un escándalo político e institucional.
La facultad constitucional del presidente para otorgar prórrogas es considerada por algunos sectores como discrecional y podría utilizarse para favorecer a jueces afines. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra de Irurzun y sostuvo que no puede continuar en el cargo después de cumplir los 75 años, edad máxima establecida por la Constitución Nacional para los magistrados.
Los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz están en condiciones de votar. Hace un mes que Irurzun permanece sin firmar resoluciones ni asistir a su despacho en Comodoro Py, a la espera de una decisión del máximo tribunal.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aguarda la resolución. Si la Corte adopta el criterio de Casal, podría generarse una vacante en la Cámara Federal porteña, tribunal que tiene la facultad de ratificar procesamientos por corrupción contra políticos.
Diversas voces han expresado su respaldo a la permanencia de Irurzun. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, declaró este fin de semana: “La base de las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y muchos de sus funcionarios la dieron los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani durante el mismo gobierno de los Kirchner. Y ahora parece que todos se olvidan”.
Desde 2003, Cristina Kirchner y sus principales dirigentes y aliados políticos impulsaron pedidos de juicio político contra Irurzun y promovieron denuncias judiciales que no prosperaron. El motivo de fondo era conocido: los fallos con los que el magistrado mantuvo abiertas algunas de las investigaciones de corrupción más resonantes de los gobiernos kirchneristas, aun frente a las presiones políticas de cada época.
Antes de convertirse en uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py, cuando era juez de instrucción, investigó la conexión argentina de la Tangentopoli italiana, intervino en la causa que terminó con la condena del ex jefe de Montoneros Mario Firmenich a 30 años de prisión (pena luego indultada por Carlos Menem), actuó en el caso de la prohibición de la solicitada a favor de Videla y en la investigación por el secuestro y asesinato del financista Osvaldo Sivak.
También procesó al dictador Jorge Rafael Videla y a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, por el secuestro de los hermanos Gutheim.
Menem lo ascendió a la Sala II de la Cámara Federal. Según se interpretó en ese momento, la operación política buscaba sacar a Irurzun del lugar desde el cual investigaba a funcionarios del poder. Sin embargo, desde el tribunal de alzada, Irurzun continuó dictando fallos en causas sensibles de derechos humanos y corrupción.
Uno de los más trascendentes fue el reconocimiento del derecho a la verdad de los familiares de desaparecidos, cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos de Menem parecían haber sepultado cualquier posibilidad de avanzar sobre los crímenes de la última dictadura.
En esa misma línea, ratificó los procesamientos contra jefes de la Armada por los secuestros y desapariciones vinculados con la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos dos monjas francesas. También confirmó el procesamiento del ex ministro de Bienestar Social de Juan Domingo Perón, José López Rega, por los crímenes de la Triple A.
A fines de los años 90, Irurzun confirmó el procesamiento por asociación ilícita que el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli habían impulsado contra Menem y varios de sus funcionarios por la venta ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, pese a las presiones provenientes de funcionarios del entonces presidente y a las amenazas que rodearon aquella investigación. También intervino en la causa conocida como la Mafia del Oro.
El mismo criterio mantuvo en otras investigaciones que tocaron intereses poderosos: la venta ilegal de terrenos de Radio Nacional atribuida a María Julia Alsogaray, los sobresueldos del menemismo financiados con fondos reservados de la SIDE y la llamada Mafia de los Medicamentos, que terminó con el procesamiento del entonces secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola.
En los tribunales de Comodoro Py se afirmaba que Irurzun mantenía buenos vínculos con la Unión Cívica Radical. Sin embargo, confirmó el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa por la causa de los sobornos pagados a senadores del PJ a cambio de la aprobación de una ley de reforma laboral. Años después, el ex presidente fue absuelto por un tribunal oral.
En 2017, en pleno auge de la teoría del “lawfare” y cuando el poder político cuestionaba a los jueces que investigaban a funcionarios kirchneristas, Irurzun avaló la prisión preventiva del ex ministro de Planificación y entonces diputado sin fueros Julio De Vido. De aquel fallo nació la “doctrina Irurzun”: la consideración del poder residual de los ex funcionarios como un factor que podía incrementar el riesgo de entorpecimiento de una investigación. El juez aplicó un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que muchos no se atreven a usar.
En la causa Vialidad, que terminó con la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, Irurzun confirmó, como integrante suplente de la Sala I de la Cámara Federal, el procesamiento por asociación ilícita y fraude contra el Estado. También intervino en la causa de Lázaro Báez y la llamada Ruta del Dinero K.
En la investigación por el encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, conocida como “el Pacto con Irán”, iniciada a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, Irurzun confirmó los procesamientos, entre ellos el de Cristina Kirchner. También intervino en las decisiones judiciales vinculadas con los acusados por el crimen del propio Nisman.