Un grupo de internos de la Unidad Penal N° 31 de Florencio Varela presentó una denuncia ante la justicia de Quilmes contra ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas alojados en el Pabellón 1 y contra autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense por presunta venta de drogas, extorsión y otros delitos.
Un grupo de presos de la Unidad Penal N° 31 de Florencio Varela, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes contra ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que se encuentran privados de su libertad en el mismo establecimiento, y contra autoridades de la unidad, por la presunta comisión de delitos que incluyen venta de drogas intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, usurpación de funciones y torturas.
La denuncia fue presentada con carácter de acción de hábeas corpus colectivo y solicita la intervención de fuerzas federales por presunta corrupción institucional grave. El escrito apunta al Pabellón 1 de la Unidad 31, donde se alojan exclusivamente ex integrantes de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Según la denuncia, estos internos conformarían una organización denominada “La Comitiva” o “Los Limpiezas y mantenimiento”, que operaría en connivencia con autoridades de la cúpula del establecimiento.
El texto presentado ante la justicia señala la existencia de una banda criminal organizada que ejercería un “co-gobierno carcelario” dentro del Pabellón 1, con control de llaves y candados, comercialización de estupefacientes, extorsión a otros internos y falsificación de documentos oficiales. Se menciona la entrega de llaves reglamentarias por parte del personal penitenciario a internos referentes, quienes controlarían la apertura y cierre de las 26 celdas del sector.
Uno de los denunciados, según el escrito, tendría acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento del penal, donde ingresaría a bases de datos oficiales y confeccionaría avales de traslado con firmas apócrifas y sellos de la institución. Esta maniobra tendría como fin expulsar a internos que se niegan a pagar cuotas extorsivas o que no se alinean con las directivas del grupo.
La denuncia también describe un esquema de cobro por el uso de internet, con cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos por interno. Se detalla que la cúpula del grupo controlaría antenas de la empresa Starlink, mientras que un interno que manifestó disconformidad con los montos habría sido golpeado y trasladado al Pabellón 3.
Asimismo, se denuncia la restricción del ingreso de gaseosas de primera línea para familiares de otros internos, mientras que el grupo tendría libre acceso a cargamentos de bebidas que luego revenderían a 10.000 pesos por unidad. También se menciona una “aduana ilegal” en el salón de usos múltiples (SUM) de visitas, donde se confiscaría mercadería y alimentos traídos por las familias.
El escrito incluye la acusación de transferencias bancarias desde cuentas de un interno hacia cuentas de un ex jefe de la unidad, como presunta contraprestación por la “zona liberada” para el control del pabellón. Además, se menciona un mecanismo de estafa judicial mediante la acreditación fraudulenta de horas de estudio y certificados analíticos falsos para miembros de “La Comitiva”.
La denuncia solicita el secreto de sumario, que la investigación sea delegada a una fuerza de seguridad federal (Gendarmería Nacional o Policía Federal) y el allanamiento y secuestro de dispositivos telefónicos y documentos. Entre los denunciados figuran 16 internos ex miembros de fuerzas de seguridad y cinco funcionarios del SPB.