Fundación Pensar presentó un informe sobre endeudamiento familiar y cuestionó el dictamen que firmó el PRO

El think tank que preside María Eugenia Vidal publicó el estudio «El precio del mañana» a una semana de la sesión convocada por la oposición en Diputados para tratar el endeudamiento. El informe analiza los tres dictámenes de comisión y señala que el respaldado por el oficialismo y sus aliados «no introduce quitas, topes generales ni un plan obligatorio para obligaciones ya en mora».

La Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal, presentó esta semana el informe «El precio del mañana», un estudio de cerca de 30 páginas que aborda la problemática del endeudamiento familiar en Argentina y analiza los tres dictámenes que se firmaron en comisión en la Cámara de Diputados. La publicación se conoce a una semana de la sesión convocada por la oposición para tratar ese y otros temas en el recinto.

El informe, firmado por Mora Jozami, directora de Casa Tres, señala que «casi 6 de cada 10 argentinos tomaron un préstamo, usaron crédito o financiaron gastos en los últimos meses. La proporción aumenta entre las mujeres y los sectores de menores ingresos».

Asimismo, el texto indica que «entre quienes recurrieron al financiamiento, el 26% lo hizo principalmente para comprar alimentos, el 21% para cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y otro 14% para pagar otras deudas».

El informe también advierte sobre la mora, situación en la que se estima que se encuentran unos 6 millones de argentinos, y remarca que el 54% de los argentinos dice haberse atrasado o haber dejado de pagar algo por motivos económicos en los últimos meses. Entre ellos, lo más frecuente son los servicios, seguidos por la tarjeta de crédito y los préstamos o deudas.

Análisis de los dictámenes

El informe aborda los tres dictámenes firmados en comisión para responder a las familias endeudadas. Según el texto, el dictamen oficialista «exige mayor visibilidad del costo financiero total, desglose de impuestos, información reforzada en créditos cortos o complejos, acceso al perfil de riesgo y liquidación completa de deuda. También incorpora consentimiento expreso y doble validación digital, tratamiento de reclamos, límites autoimpuestos, arrepentimiento y portabilidad».

«Su aporte es mejorar la información y la contratación», sintetiza el informe, para luego acotar: «Su límite es que no introduce quitas, topes generales ni un plan obligatorio para obligaciones ya en mora». Los otros dos dictámenes de comisión sí contemplan esas herramientas, según el documento.

«Ofrecer la misma herramienta a todos puede resultar caro e ineficaz», sentencia el informe. Y agrega: «La diferencia entre prevención, regularización e insolvencia permite ordenar la respuesta. Quien todavía puede decidir qué crédito tomar necesita información y competencia. Quien atraviesa un descalce puede necesitar un acuerdo de pagos. Quien enfrenta insolvencia persistente requiere un procedimiento diferente».

El texto también señala que «el desafío político es reconocer a esos hogares y darles una respuesta que pueda sostenerse. Eso supone defender instituciones que permiten prestar y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para cumplir. Los contratos, la protección del consumidor y la recuperación de ingresos forman parte de una misma agenda de funcionamiento económico».

Medidas en la Ciudad de Buenos Aires

El informe incluye una sección firmada por el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, quien indica que desde la entidad implementaron «distintas herramientas de refinanciación extendiendo plazos y con tasas de interés muy convenientes para que, todo deudor con voluntad de pago, pudiera encontrar un plan que se ajustara a sus necesidades: solo en lo que va de 2026 hemos realizado 13.700 refinanciaciones, que representa el 25% del stock existente de productos crediticios en mora a fines de 2025».

Laje también remarca que desde la Legislatura porteña «participamos activamente de la discusión de la ley 6.959 del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que fue sancionada por consenso en la Legislatura de la CABA y fija condiciones mínimas para las refinanciaciones (tasa no mayor al 35% y plazo no menor a 24 meses), a la vez que el Gobierno de la CABA exime del pago del 50% de los Ingresos Brutos a los intereses de las refinanciaciones: los principales bancos se han adherido voluntariamente al programa».

Reacciones en el PRO

El informe no cayó bien entre los diputados del PRO que firmaron el dictamen oficialista. «Nuestra postura está reflejada en el dictamen que firmamos», dijo uno de los pesos pesados del bloque que conduce Cristian Ritondo.

«Los datos muestran un estado de situación. Ahora, lo que no se puede permitir es que se rompa el sistema de crédito generando incentivos para que ser deudor sea más fácil que ser buen pagador como sucedió siempre en la argentina que si debías sabías que iba a haber moratorias», dijo otra fuente del PRO tras conocerse el informe.

Más allá de las diferencias internas, el bloque del PRO votará alineado con La Libertad Avanza en la sesión convocada para la próxima semana.