Santa Fe anunció que votará sus autoridades locales en junio próximo, antes de las nacionales. La mayoría de los distritos seguirá el mismo camino en el marco de negociaciones políticas y económicas con el Gobierno nacional.
Al menos 18 de las 24 provincias argentinas prevén adelantar la elección de sus autoridades locales respecto de los comicios presidenciales de 2027, según anuncios oficiales y fuentes políticas. La decisión se enmarca en requerimientos constitucionales y en estrategias político-electorales de cada distrito.
Esta semana, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que su provincia celebrará elecciones primarias en abril próximo, los comicios provinciales en junio y que las candidaturas deberán presentarse como máximo en cuatro meses.
La lógica de desdoblar los comicios será seguida por al menos otros 17 distritos. Dos provincias anticiparon que coincidirán con las elecciones nacionales (Catamarca y La Rioja), dos mantienen indefinición (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires) y las dos restantes ya votaron sus autoridades provinciales el año pasado (Corrientes y Santiago del Estero).
La cuestión se ha transformado en un tema central de la negociación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. La Casa Rosada requiere apoyo legislativo para aprobar el Presupuesto y una reforma política que elimine las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el año próximo.
El viernes, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que desactivó el riesgo de una sesión especial convocada por la oposición para derogar el DNU 70/2023. Algunos mandatarios provinciales habían recibido llamados de alerta para impedir el quórum.
Pese a que el oficialismo mejoró su cantidad de bancas en las elecciones de medio término, La Libertad Avanza (LLA) necesita del apoyo de otras fuerzas para conseguir mayoría en el Senado y en Diputados. Ese respaldo se obtuvo sin mayores problemas durante el verano para aprobar la Reforma Laboral. Sin embargo, a partir del escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni, que incluyó una desmentida en la Cámara baja, el camino legislativo se tornó más complejo. También la relación con los gobernadores, que manifestaron sentirse poco escuchados.
Tras la salida de Adorni y el Mundial, los aliados de Milei voltearon dos capítulos centrales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el de tierras y el de manejo del fuego. El hecho obligó al Gobierno a un giro pragmático. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ordenó cancelar proyectos polémicos que no fueran impulsados por el Ministerio de Economía de Luis Caputo y reanudar el vínculo con los gobernadores dialoguistas.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene reuniones frecuentes con mandatarios provinciales. El Gobierno también llevó a 13 gobernadores a la reciente Argentina Week en París, con el objetivo de mostrar que la búsqueda de inversiones extranjeras es una política de Estado más allá de los colores partidarios.
Uno de los incentivos compartidos es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el oficialismo promueve junto con gestiones peronistas como las de Catamarca y Salta, por el desarrollo de la actividad minera.
Parte sustancial de la discusión entre la Nación y las provincias es económica: el reparto de fondos. El Gobierno sostiene que las provincias soslayan su propio ajuste fiscal y cobran impuestos abusivos como Ingresos Brutos. Los gobernadores afirman que la caída de la actividad redujo sus ingresos, que el poder central retiene envíos coparticipables, se retiró de la obra pública y redujo al mínimo las transferencias no automáticas.
El nudo político adquirió mayor protagonismo en las últimas semanas. A cambio de avalar al oficialismo en el Congreso, los mandatarios piden garantías de que LLA facilitará o no combatirá las reelecciones o sucesiones en las provincias. Anticipar los comicios es uno de los mecanismos para facilitar ese intercambio. Para Milei, elimina la interferencia del voto provincial en su opción reeleccionista. Para los gobernadores, los aleja de una polarización nacional que puede arrastrarlos a un resultado incierto.
Las demandas electorales de las provincias contrastan con el plan expansionista de Karina Milei, quien había imaginado que 2027 sería el año de la reelección de su hermano y del impulso violeta a gobernar provincias con candidatos propios. Fuentes oficiales indican que ha moderado sus expectativas. Potenciales candidatas a jefaturas distritales cercanas a Karina Milei, como Pilar Ramírez en la Ciudad de Buenos Aires o Romina Diez en Santa Fe, recibieron pedidos de mesura hacia las gestiones de esos territorios.
La negociación con las provincias es prácticamente individual, ya que no existe un bloque común ni siquiera entre mandatarios del mismo partido. El fenómeno de balcanización abarca al peronismo, al PRO y a la UCR. En 2025, los gobernadores Pullaro (Santa Fe), Llaryora (Córdoba) y Torres (Chubut) impulsaron Provincias Unidas como una vía alternativa a libertarios y kirchneristas, pero su representación legislativa es dispersa y no hay iniciativas para resucitarla.
Analistas políticos señalan que cada gobernador atienda su propio juego resulta funcional a la estrategia del oficialismo. El Presidente y su hermana lo saben, lo estimulan y lo aprovechan, según las fuentes consultadas.