El Foro Permanente de Discapacidad lanzó otro duro comunicado denunciando el colapso del sistema de atención debido a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Según la entidad, la combinación de aranceles insuficientes, el incumplimiento de las leyes de emergencia y la falta de pagos por parte del Estado ha puesto en riesgo la continuidad de los servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en este inicio de 2026.
El conflicto por los aranceles y la Ley 27.793
A pesar de que el Congreso Nacional declaró la Emergencia en Discapacidad mediante la Ley 27.793, el Foro denuncia que el Ejecutivo desoye el mandato legislativo.
El punto de conflicto central radica en el artículo 13, que obliga a compensar la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación del período 2023-2024. Mientras la Procuraduría reconoce un desfase del 10,5%, los prestadores aseguran que la pérdida real alcanza el 27,79%.
Al no incorporarse esta compensación a la base de cálculo de 2025, todos los aumentos posteriores quedan distorsionados. «Se consolida un atraso estructural en el sistema», advierte el Foro, señalando que los incrementos otorgados en noviembre (del 29,7% al 35%) resultan estériles frente a una inflación que en 2025 cerró en un 31,5%.
Incluir Salud: deuda y parálisis operativa
La situación se agrava por el «persistente atraso en los pagos» del Programa Federal Incluir Salud, que ahora depende de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La gacetilla es lapidaria: muchos prestadores no perciben pagos desde octubre de 2025, lo que significa que han tenido que costear salarios, aguinaldos y vacaciones con recursos propios que ya no poseen.
- Meses adeudados: Octubre y Noviembre de 2025 (pese a tener presupuesto asignado).
- Trabas burocráticas: La facturación de diciembre y enero no ha sido procesada por «dificultades operativas» del organismo.
- Consecuencia: Los aumentos anunciados por el Gobierno no tienen impacto real porque, sencillamente, el dinero no llega a las instituciones.
Un reclamo que llega a la Justicia
Desde el sector rechazan que la crisis se deba a la «falta de recursos», atribuyéndola a decisiones políticas de ajuste sin previsión. Ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, el Foro Permanente de Discapacidad ha solicitado la intervención del Poder Judicial para que haga cumplir el espíritu de la Ley 27.793 y garantice el derecho constitucional a la salud y protección de las personas con discapacidad.