Este miércoles 1 de abril entra en funcionamiento la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), una nueva entidad que nace de la división del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). La puesta en marcha se da en un contexto crítico, marcado por una deuda acumulada que supera los 212 mil millones de pesos y por la continuidad de cortes en las prestaciones médicas para los afiliados en distintos puntos del país.
Una herencia financiera compleja
La nueva obra social militar inicia sus actividades con un pasivo millonario que, según cifras oficiales, se incrementó notablemente durante los dos primeros años de la actual gestión nacional. Fuentes gubernamentales han señalado que parte de este desfinanciamiento se debe al retraso en las contribuciones patronales que las propias Fuerzas Armadas, en su rol de empleadoras, deben realizar. Sin embargo, otros analistas sostienen que este factor no explica por sí solo el abultado monto de la deuda.
Hasta el momento, no se ha concretado el saneamiento económico anunciado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien había comprometido que el Estado absorbería la deuda. Esta situación deja a la OSFA y a la futura Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales (Osffseg), que comenzará a operar el 1 de agosto, con un balance inicial negativo y la responsabilidad de gestionar los reclamos existentes.
Afiliados en situación crítica
Mientras se formaliza el traspaso administrativo, numerosos beneficiarios enfrentan graves dificultades para acceder a la atención médica. Reportes desde distintas provincias indican que las prestaciones básicas están suspendidas desde hace meses, obligando a los afiliados a costear de su propio bolsillo desde análisis de laboratorio hasta intervenciones quirúrgicas.
Testimonios de un sistema colapsado
En Mar del Plata, una ciudad con una importante presencia militar, la situación es particularmente crítica. Un oficial retirado relató que desde hace tres meses no se brindan servicios en el Hospital Privado de Comunidad ni en centros de especialidades periféricos. «Lo único que atienden son casos oncológicos graves y de riesgo de vida», explicó, destacando la contradicción de que los aportes se descuentan de manera compulsiva cada mes sin contraprestación.
Escenarios similares se repiten en Bahía Blanca, Trelew, Mendoza y Tucumán, donde algunas familias, ante la falta de respuestas para tratamientos urgentes, han iniciado acciones judiciales mediante medidas cautelares.
El plan de regularización
Desde la flamante OSFA aseguran que, por el momento, solo se están garantizando las prestaciones de alta complejidad, los medicamentos de alto costo y las derivaciones. Reconocen que incluso estos servicios pueden sufrir demoras debido a las diferencias en la infraestructura sanitaria a lo largo del territorio nacional.
Para el resto de las coberturas, la promesa es una normalización gradual. Fuentes del organismo indicaron que «se irán regularizando a medida que ingresen los recursos y según el avance de las conversaciones con prestadores y proveedores». El plan de financiamiento prevé que las Fuerzas Armadas realicen envíos progresivos de fondos, iniciando con el Ejército, seguido por la Armada y finalmente la Fuerza Aérea.
La OSFA comenzará a operar con 343.307 afiliados y será presidida por el general retirado Sergio Maldonado, exdirector del Hospital Militar Central. Mientras tanto, el proceso de liquidación del Iosfa, a cargo del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, se extenderá hasta febrero de 2027.