La Abogacía del Estado sostuvo este viernes que no se cumplen los requisitos para suspender el real decreto de regularización aprobado el 14 de abril, y afirmó que ninguno de los beneficiarios podrá votar en los próximos comicios.
El Gobierno defendió este viernes ante el Tribunal Supremo que no se cumplen los requisitos para suspender la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, y aseguró que ninguna de estas personas podrá votar en las siguientes elecciones.
Así lo manifestó en la vista de varias peticiones para paralizar de forma cautelar el real decreto. Solicitaron la suspensión cautelar Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
La Abogacía del Estado defendió que no se cumplen los requisitos para la suspensión y advirtió que supondría una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y al interés general. Afirmó que en ningún caso los beneficiarios podrán votar en las próximas elecciones.
La regularización, según la Abogacía, tiene como objetivo la integración de personas que ya viven en España y tienen arraigo. Indicó que el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social avalan la medida.
La Abogacía recalcó que no se ha producido vulneración de la directiva europea y que la regularización tiene carácter nacional, habilitando solo para residir y trabajar en España. Señaló que se registraron 549.596 solicitudes y 91.505 comunicaciones de inicio, y que la concesión de la comunicación inicial no es automática, sino que requiere un chequeo previo de los requisitos.
La representación del Ejecutivo madrileño sostuvo que la medida tiene un alcance sin precedentes y podría afectar a cientos de miles de personas, calculando que en Madrid se podrían regularizar unas 250.000 personas. Anticipó un colapso en la sanidad madrileña, pero aclaró que no buscan perjuicio para esas personas, sino certeza de legalidad.
En respuesta, el Gobierno criticó que la autonomía se base en estimaciones y fuentes abiertas, sin pruebas concretas de un impacto real e inmediato sobre la sanidad, los servicios sociales o el empleo.
La letrada de APDHE y Coordinadora de Barrios afirmó que muchas personas ya acceden a prestaciones sanitarias y sociales, especialmente los solicitantes de asilo, por lo que el impacto descrito por Madrid no responde a la realidad.
El letrado de Vox respaldó la suspensión cautelar y señaló que la medida puede alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país. Advirtió de un incremento brutal y no cuantificado del gasto social para comunidades autónomas y ayuntamientos.
El letrado de Hazte Oír insistió en la suspensión del real decreto, argumentando que no tiene garantía jurídica y que no garantiza el control de antecedentes penales. Espera una resolución favorable y que acabe en la revocación.
El letrado de la Asociación Verdad y Justicia explicó que un real decreto no puede modificar la Ley de Extranjería por la puerta de atrás, y que es una cuestión legal.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica denunció la no exigencia del certificado de penales para acceder a la regularización, afirmación negada por la Abogacía del Estado, que aseguró que el decreto final sí lo exige. También criticó que se entregue automáticamente el certificado de vulnerabilidad.
El Ejecutivo central aprobó en abril la medida, de la que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas en situación irregular, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.