Una protesta de cooperativistas frente al edificio municipal de La Plata derivó en enfrentamientos con la policía, dejando 19 detenidos y daños materiales.
Un grupo de cooperativistas se manifestó este viernes frente a la Municipalidad de La Plata para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas para servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en el partido. El gobierno local, encabezado por Julio Alak, llamó a licitación pública para esos servicios, cuyo plazo para la compra de pliegos vencía a las 13:30 del mismo día.
La protesta transcurrió de forma pacífica hasta que, cerca del final, comenzaron a arrojar piedras contra el frente del edificio, rompiendo ventanas. Luego, quemaron neumáticos en la entrada, generando humo negro. Los manifestantes cortaron la calle 12 entre 51 y 53, y un grupo intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad, siendo repelido por la policía.
La llegada de refuerzos policiales provocó la dispersión de los manifestantes. Según la administración municipal, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) exige adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública para garantizar transparencia. Además, el Tribunal de Cuentas provincial intimó al municipio a dejar de contratar cooperativas de manera directa, práctica que se realizaba desde 2011.
Algunos manifestantes afirmaron que el gobierno local les ofreció tarjetas sociales de 200 mil pesos como compensación por las contrataciones que dejarán de recibir. También señalaron que funcionarios que les prometieron que no habría despidos no los recibieron este viernes. Recolectores y recicladores se sumaron a la protesta por temor a perder sus fuentes de trabajo.
Tras los incidentes, se registraron 19 detenciones. Las organizaciones convocaron a una nueva manifestación frente a la Comisaría 1° de La Plata para exigir la liberación de los detenidos, varios de ellos pertenecientes al Frente de Organizaciones en Lucha. Responsabilizaron al intendente Alak por lo que calificaron como “detenciones arbitrarias”.
Cinco policías sufrieron heridas leves. La municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Desde el gobierno local afirmaron que la organización que encabezó la protesta pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), incumpliendo obligaciones y rechazando el nuevo procedimiento de licitación pública.
Agregaron que, si el municipio hubiera contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, recibido sanciones del Tribunal de Cuentas y sus autoridades incurrido en el delito de violación de deberes de funcionario público.