El Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Migraciones y habilita la expulsión o el rechazo en frontera de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina entró en vigencia este martes. La medida, anunciada por el Gobierno de Javier Milei, se enmarca en la respuesta oficial a la denominada ‘campaña antiargentina’ durante el Mundial de fútbol.
Este martes entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones y establece nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan, inciten o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad. La norma también contempla el ultraje a los símbolos patrios como causal de rechazo o expulsión.
El texto, difundido por el Poder Ejecutivo, aclara que las medidas no alcanzan a las opiniones, críticas o manifestaciones de carácter ideológico, político, académico o periodístico protegidas por la libertad de expresión. La Dirección Nacional de Migraciones será la autoridad encargada de aplicar las nuevas disposiciones, tanto para quienes pretendan ingresar al país como para aquellos que ya cuenten con residencia temporaria o permanente.
El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de preservar la convivencia democrática, el orden público y la integridad institucional de la República, en el marco de la denominada ‘campaña antiargentina’ que se viralizó en redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en el Mundial de fútbol. Según el oficialismo, existieron expresiones de hostilidad y una fuerte difusión de estereotipos contra el país.
La medida se suma al DNU 366/2025, que ya había reforzado los controles migratorios y ampliado las facultades de Migraciones. El nuevo decreto introduce causales vinculadas a expresiones consideradas hostiles hacia la Argentina, lo que generó un debate jurídico sobre la amplitud de los conceptos y la discrecionalidad de la autoridad administrativa para determinar qué constituye un ‘mensaje de odio’.
Especialistas en derecho constitucional cuestionaron tanto el contenido como el procedimiento elegido. El abogado Félix Lonigro sostuvo que la regulación de derechos corresponde al Congreso y que el Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para legislar por decreto. Ricardo Gil Lavedra afirmó que ‘no existe una legión de odiadores extranjeros’ que justifique la necesidad y urgencia, mientras que Roberto Gargarella calificó al decreto como una ‘aberración inconstitucional’ por modificar la Ley de Migraciones sin intervención parlamentaria.
El Gobierno, por su parte, defendió la medida como una herramienta para proteger la identidad nacional y la convivencia democrática. La Casa Rosada sostuvo que el Estado no está obligado a admitir o mantener en su territorio a personas que promuevan expresiones violentas o discriminatorias contra la Argentina.