En el presupuesto 2026 votado por los bloques de UCR y PJ se proyectan ingresos totales por $2.665.146 millones y gastos totales por $2.663.750 millones, alcanzando un superávit financiero de $1.396 millones.
Vale mencionar que este resultado fiscal proyectado resulta llamativo, por lo reducido del número. El superávit financiero acumulado al mes de septiembre de este año alcanza los $183.500 millones y $76.648 millones están colocados en inversiones financieras, según informa el ministerio de Hacienda.
Los fondos destinados a salarios de los empleados públicos (87.000 trabajadores según afirmó el ministro de Hacienda en la Legislatura) ascendería a $1632 millones y representaría un aumento del 16,5% respecto del gasto efectivo estimado este año en $1.400 millones. Según la última estimación del mercado que publica el BCRA para 2026 la inflación alcanzaría 21% (nov.25 a nov.26). De esta forma, los salarios estarían perdiendo con la inflación y se profundizará la caída acumulada del poder de compra.
De conjunto, a primera vista, mantiene la estructura de bajos salarios, el mínimo salarial en noviembre es de $730.000 cubre el 60% de la canasta familiar ($1.269.465 canasta familiar de noviembre). No se recupera la pérdida de la masa salarial que en promedio sería de 25% acumulada entre 2016 y 2025.
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El gasto en capital (que en un 90% es obra pública) representa un 14% del gasto total, mantiene el ajuste generado desde 2024. Los fondos para vivienda y urbanismo alcanzan $7.374 millones, el equivalente a 50 viviendas sociales. El gobierno se limita prácticamente a finalizar obras de los últimos años y frente al ajuste de Nación (orientado a pagar al FMI) no genera nuevas alternativas de financiamiento.
De hecho la ley impositiva y la ley de “estímulos fiscales” elimina impuestos a las industrias y a los sectores primarios que en su mayoría están en manos de grandes empresas orientadas a la exportación de minerales o materias primas.
Habilitaron un nuevo endeudamiento por U$S 250 millones para un plan de viviendas las cuales no serían populares, sino que bajo el esquema UBI que limita el acceso de las familias dado los ingresos que se requieren y las cuotas están sujetas a los vaivenes del dólar. En este sentido, se habilita un negocio redondo para las constructoras privadas, que dispondrán de financiamiento brindado por el estado para hacer sus negocios inmobiliarios a costa de toda la población que quedará endeudada por años.
Otra deuda vendría de manos del Banco Mundial que ofrecería un crédito por U$S 130 millones destinado a infraestructura minera. Una vez más todo está pensado para que unos pocos se beneficien a costa de las mayorías que quedarán endeudadas.
Respecto al stock de deuda sostienen que para 2026 sería de U$S 450 millones. Está claro que de concentrarse el nuevo endeudamiento se daría un salto en el total de deuda que luego refuerza el esquema de ajuste al salario para poder conseguir el superávit con el cual sumar fondos para la devolución de los créditos y los intereses.
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Las empresas del estado tendrán el privilegio de ser asistidas por las finanzas públicas sin rendir cuentas a la población de sus balances (art. 17). Una forma de hacer caja millonaria en manos de algunos funcionarios y amigos.
Desde el bloque del PTS-FITU rechazamos este presupuesto, presentamos un proyecto de cobro de ingresos brutos a los que más facturan y eximir a los monotributistas (A, B, C) y a pequeños comerciantes, comunidades indígenas, feriantes, entre otros. La pelea por el salario, la salud, la educación y la obra pública financiada con impuestos a los ricos requiere de la organización de la clase trabajadora con sus métodos de movilización y el paro general.