Cuatro adolescentes en Chinandega enfrentan cargos por homicidio frustrado tras atacar a un compañero con piedras y machetes. El hecho es uno de al menos cuatro episodios de violencia escolar registrados en las últimas dos semanas en Nicaragua, todos documentados en video y viralizados en redes sociales.
Cuatro adolescentes en Chinandega enfrentan cargos por homicidio frustrado tras atacar a un compañero con piedras y machetes frente al Instituto Víctor Manuel Soto. El hecho es uno de al menos cuatro episodios de violencia escolar registrados en las últimas dos semanas en Nicaragua, todos documentados en video y viralizados en redes sociales, destaca un reportaje publicado por el periódico nicaragüense Divergentes.
El caso más reciente ocurrió el 11 de mayo frente al Colegio Gaspar García Laviana, en Managua, donde dos estudiantes se golpearon mientras otros celebraban. En Villa Libertad, un adolescente de trece años fue inmovilizado por varios agresores mientras uno de ellos portaba un cuchillo. El incidente llegó a mediación judicial, pero una tía del principal agresor —un joven de catorce años— minimizó el uso del arma: “ese cuchillo no tenía ni filo, solo quería asustarlo”, declaró al canal televisivo Canal 10.
La violencia escolar en Nicaragua ha escalado en 2026 con al menos cuatro episodios documentados en Managua y Chinandega que involucran armas blancas, golpizas grupales y agresiones grabadas por los propios estudiantes. Docentes, sindicalistas y especialistas en salud mental sostienen que los ataques no son hechos aislados, sino la manifestación visible de una crisis educativa y social que se profundizó tras 2018, agravada por el control político del régimen Ortega-Murillo sobre las escuelas.
Gabriel Putoy Cano, dirigente de la Unidad Sindical Magisterial en el exilio, describe el sistema como atravesado por una crisis de autoridad, disciplina y calidad que se acumula desde hace años. Afirma que muchos docentes dejaron de intervenir ante conductas agresivas por miedo a represalias laborales o a denuncias impulsadas por estructuras partidarias presentes en los centros educativos.
Una profesora de secundaria en Managua, que pidió reserva de identidad por temor a represalias, respalda este diagnóstico. “Antes uno podía llamar la atención a un estudiante y había cierto respaldo de la dirección. Ahora, cualquier cosa puede terminar en una acusación contra el profesor”, relata. La misma docente puntualiza que los alumnos con peores resultados académicos y conductas más agresivas suelen ser hijos de personas vinculadas a actividades políticas en los barrios.
Putoy señala directamente a las consejerías escolares, que se crearon para atender conflictos estudiantiles, como espacios percibidos por muchos docentes más como mecanismos de vigilancia política que como herramientas genuinas de mediación.
Un psicólogo nicaragüense consultado bajo anonimato indica que los adolescentes crecen en una sociedad marcada por el miedo, la polarización y la frustración acumulada desde 2018. “Cuando una sociedad normaliza la violencia desde el poder, eso también impacta la conducta cotidiana. Los muchachos aprenden que la fuerza y la agresión son formas válidas de resolver conflictos”, apunta. Este experto considera especialmente preocupante que la mayoría de los ataques recientes hayan sido grabados y difundidos por los propios estudiantes, quienes en vez de intervenir eligieron filmar.
El exrector universitario y especialista en educación Ernesto Medina sostiene que el régimen ha intentado convertir el sistema educativo en un instrumento para consolidar el culto político en torno a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Explica que la intención es transformar a los jóvenes en “una masa amorfa que repita las consignas del régimen” y restringir el pensamiento crítico en las aulas. Putoy critica especialmente la asignatura “Crecer en Valores”, que, a su juicio, se utiliza como canal para transmitir discurso partidario a favor del Frente Sandinista.
El dirigente sindical también hace referencia a la Constitución nicaragüense: el artículo 111 establece que la educación debe construirse con la colaboración de familias, docentes, estudiantes y comunidad, y el artículo 120 garantiza condiciones dignas para el magisterio. “Sin disciplina no hay aprendizaje y sin respeto al docente no existe una verdadera educación”, concluye Putoy.