El jefe de Gobierno porteño envió tres proyectos a la Legislatura para modificar la estructura de la futura Justicia del Trabajo, que pasará de 10 a 80 juzgados y de 2 a 10 salas de Cámara. También se crea un Servicio de Conciliación Laboral y se modifica el Código Procesal.
Luego del traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña una batería de proyectos para dar forma al futuro fuero laboral local. En un nuevo paso hacia su puesta en funcionamiento, Macri propone modificar la ley aprobada en 2024, que establecía diez juzgados, para pasar a un total de 80. También se modifica el Código Procesal y se crea el Servicio de Conciliación Obligatoria.
La ley 6789, sancionada en diciembre de 2024, habilitó la creación del fuero local mediante el emplazamiento de diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas. Tras la firma del convenio con el gobierno nacional, el Ejecutivo porteño consideró necesario adecuar la estructura final.
Macri envió tres proyectos. El primero propone una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de CABA. La iniciativa proyecta una Cámara de Apelaciones del Trabajo dividida en diez salas —ocho más de las previstas— e integrada por 30 jueces y juezas. La justicia de primera instancia del trabajo se conformaría con ochenta juzgados, setenta más de los inicialmente proyectados.
Los jueces de primera instancia resolverán conflictos individuales y colectivos del trabajo que no sean de materia federal, causas entre trabajadores y empleadores relativas a contratos de trabajo, conflictos sindicales con ámbito de actuación en CABA, y demandas o reconvenciones sobre contratos de trabajo, convenciones colectivas o disposiciones legales o reglamentarias del derecho laboral. La Cámara de Apelaciones actuará como tribunal de alzada.
La instrumentación será progresiva. Inicialmente, los juzgados de primera instancia estarán integrados por cuarenta magistrados, mientras que la Cámara de Apelaciones se conformará por quince jueces y funcionará dividida en cinco salas de tres miembros cada una. El Consejo de la Magistratura porteño se encargará de la puesta en marcha gradual del fuero.
El proyecto también modifica la estructura del Ministerio Público Fiscal: incorpora dos fiscales a la órbita de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y otros ocho que se desempeñarán en los juzgados de primera instancia. Además, integra al Ministerio Público Tutelar mediante la designación de un asesor en el tribunal de alzada y otros cinco en los juzgados iniciales.
Junto a la modificación de la estructura judicial, Macri envió otros dos proyectos. Por un lado, propone crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria. Por otro, modificar el Código Procesal para la Justicia del Trabajo. El Gobierno porteño busca reducir la litigiosidad y descongestionar a la Justicia del Trabajo, con el fin de «preservar las relaciones de trabajo y contribuir a una mayor paz social y productividad en la Ciudad». El servicio podrá intervenir en conflictos individuales o pluri-individuales que se desarrollen en el fuero laboral porteño. También se creará un Registro de Conciliadores Laborales.
En cuanto al Código Procesal, Macri propone ampliar la competencia territorial del fuero laboral porteño para optimizar la gestión con herramientas procesales acordes a los tiempos actuales, que favorezcan «una administración de justicia más eficiente y adecuada». Las modificaciones incorporarán casos en los que el demandado tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y habilitarán audiencias en forma presencial, virtual o mixta. También se incorpora una última instancia de alegatos obligatoria para «fomentar la conciliación».
La ampliación de la estructura se inscribe en el plan del traspaso de competencias firmado con el gobierno de Javier Milei a principios de año, que establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia desde su aprobación definitiva, y determina que debe llevarse a cabo de forma «progresiva» y «ordenada». Nación garantizó que los recursos se transferirán al calor de su implementación.
Durante 2025, el Consejo de la Magistratura de CABA puso en marcha los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local con la convocatoria de jueces y juezas para que se presenten en los concursos. Unas 1.250 personas se inscribieron en los seis procesos que se llevaron a cabo.
Fuentes gubernamentales porteñas anticiparon que la primera tanda de pliegos se enviará a la Legislatura en la segunda mitad de 2026. «Los primeros diez concursados llegarían hacia fin de año», aseguraron. También aclararon que la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que prevé 80 juzgados, es para replicar la conformación del Fuero Laboral nacional: «Esto no quiere decir que se vayan a concursar los 80 juzgados», explicaron.
Los nombramientos deberán ser analizados por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control del Parlamento porteño, a cargo del legislador Matías Lammens (Fuerza Buenos Aires). La vicepresidenta primera de la comisión es Pilar Ramírez (La Libertad Avanza de CABA), y Gimena Villafruela (PRO) completa la tríada.
Desde CABA señalaron que la transferencia de la justicia laboral a la órbita porteña es «un hito institucional» en el proceso de consolidación de la autonomía, al cumplirse 30 años de la redacción de la Constitución local. También destacaron que apunta a garantizar el fortalecimiento del sistema judicial local: «La ampliación de las competencias jurisdiccionales de la Ciudad contribuye a consolidar un servicio de justicia más cercano, eficiente y adecuado a las necesidades de sus habitantes», afirmaron.