En un plenario de comisiones del Senado, el director suplente de YPF SA, Mauricio Martín, sostuvo que un corte superior al 10% de biodiésel en el gasoil no es viable por restricciones en la cadena logística y comercial. La iniciativa de Patricia Bullrich propone un esquema con vigencia de 15 años y cortes obligatorios crecientes.
CÓRDOBA.- Una nueva jornada de análisis para el impulso de otro marco regulatorio de biocombustibles se concretó en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Minería, Energía y Combustibles del Senado. Se presentaron seis proyectos, uno de ellos de la diputada Patricia Bullrich. Durante la reunión, once expositores de distintos sectores expusieron sus posiciones.
Mauricio Martín, director suplente de YPF SA y vicepresidente Ejecutivo Midstream & Downstream, afirmó que se debe avanzar hacia un nuevo esquema que incluya a los refinadores como actores clave y que los cortes para las mezclas respondan a un sistema sostenible. Señaló que es necesario considerar las características de los biocombustibles según la zona geográfica donde se producen y mencionó que existen quejas sobre la calidad del biodiésel elaborado a base de soja. Consideró que un corte superior al 10% no es viable. “No es una limitación de voluntad, sino en la cadena logística y comercial que debe tenerse en cuenta”, declaró.
Respecto del impacto en el precio del combustible, precisó que con el corte actual de 7,5% representa el 4,5% de lo que paga el consumidor, y que llevarlo al 10% implicaría un incremento de aproximadamente tres puntos adicionales. Sobre el bioetanol, cuyo corte habilitado es del 15%, Martín indicó que la empresa no ha recibido reclamos en los puntos donde lo comercializan, pero sostuvo que ese porcentaje debe ser “el máximo” permitido, en coincidencia con la posición de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa). Afirmó que YPF apoya el proyecto presentado por Bullrich, que avanza hacia un modelo “de competencia, razonabilidad económica” y consideración de las nuevas tecnologías.
La iniciativa de Bullrich propone un régimen con vigencia de 15 años. En cuanto a las mezclas, establece un mínimo inicial del 7,5% de biodiésel, que escalará al 10% de forma obligatoria un año después de la sanción de la ley. El articulado prevé excepciones para el uso de gasoil en zonas frías de la Patagonia, la minería, las centrales eléctricas y las operaciones en la Antártida. Para las naftas, la mezcla obligatoria de bioetanol comenzará en 12% y subirá al 15% tras el primer año de vigencia.
Claudio Molina, analista de energías renovables y ferrocarriles, señaló que existe “amplio consenso” sobre la necesidad de modificar el marco regulatorio actual. Consideró “inconstitucional” la disposición de la ley 27.640 que prohíbe la participación de los grandes traders de la molienda de oleaginosas y leguminosas en el abastecimiento de la mezcla obligatoria de gasoil y nafta con biodiésel y bioetanol. Indicó que la nueva norma debe rectificar ese punto.
Molina alertó que, desde el último cuatrimestre de 2019 hasta la actualidad, se vienen postergando parcial o totalmente las alícuotas del impuesto a los combustibles, lo que, según sus cálculos, le costó al Estado Nacional US$12.000 millones. De esa manera respondió a quienes critican el “costo fiscal” de impulsar los biocombustibles. También rechazó la posibilidad de que en biocombustibles se genere una falla similar a la del mercado de combustibles líquidos, donde cuatro empresas controlan el 94% de la oferta.
Apuntó que en el nuevo marco debe fijarse un tope para los actores del biodiésel y definir “el precio tope paridad de importación” para evitar importaciones indiscriminadas. “Una política pública no puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible. Es lógico que arreglemos el problema de los que no pueden participar hoy, pero no hay que pasar a un péndulo”, agregó.
También expusieron sus opiniones Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones; Juan Khouri, CEO de Dosbio; Tomás Lorda, vicepresidente de Enresa (La Pampa); Ricardo Marra, titular de la Bolsa de Cereales; Federico Puciarello, CEO de Essential Energy; Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario; Hernán Landgrebe, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles; y José Lego, gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables emitió un comunicado en el que señaló que existe “una profunda contradicción entre los principios de libre competencia, defensa del consumidor y neutralidad tecnológica invocados por el propio gobierno nacional y el tratamiento regulatorio efectivamente propuesto para el biodiésel”. Subrayaron que el proyecto de Bullrich establece “una protección explícita y permanente para determinados sectores del bioetanol, mientras expone a los productores independientes de biodiésel a una competencia desigual frente a empresas verticalmente integradas y frente a un mercado de demanda altamente concentrado en pocas compañías petroleras”.
Por su parte, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres firmaron un comunicado en el que consideraron la iniciativa libertaria como “una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país”. Señalaron que “avanza en la dirección correcta al establecer un marco de mayor previsibilidad para los biocombustibles, promoviendo inversiones, fortaleciendo las economías regionales y permitiendo que la Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial”.