La residencia concedida de forma anticipada no solo puede ser anulada, sino que también puede cerrar el camino hacia la ciudadanía.
La abogada de inmigración Elizabeth Amarán expuso las consecuencias que podrían enfrentar algunos residentes de Estados Unidos por errores legales o administrativos capaces de comprometer su estatus migratorio. En ese contexto, también se refirió a criterios aplicados durante la administración de Donald Trump y explicó en qué casos una persona puede perder su green card.
Green card: cuándo un error administrativo puede poner en riesgo la residencia
En su entrevista en La Voz de la Mañana de la cadena Univision, la abogada analizó la aprobación de la residencia antes de cumplir el tiempo reglamentario. Amarán señaló que si un solicitante recibe la green card antes de transcurrir “un año y un día” con el beneficio del parole, el error puede derivar en una revisión de la residencia.
La letrada indicó que si el oficial de inmigración presta atención a las fechas, notará que la residencia “fue otorgada por error” y posee la facultad inmediata de “eliminar la residencia”.
Esta equivocación administrativa también puede imposibilitar la obtención de la ciudadanía estadounidense en el futuro. La sugerencia primordial consiste en informar proactivamente a los funcionarios sobre el fallo antes de avanzar con una solicitud de ciudadanía o con otro trámite migratorio.
Otro riesgo surge durante el proceso del ajuste de estatus. Si una persona planea salir de Estados Unidos para visitar a su familia mientras su caso permanece pendiente de revisión, su reingreso podría quedar comprometido si el individuo acumuló presencia ilegal dentro del país norteamericano antes de enviar su solicitud inicial.
Para reducir ese riesgo, Amarán sugirió solicitar un documento oficial de viaje y justificar las “circunstancias extraordinarias” frente a las autoridades competentes.
El riesgo para residentes que regresan a EE.UU.
Durante su aparición en el canal de YouTube de Juan Manuel Cao Live, Amarán advirtió que un residente con un cargo criminal pendiente “bajo ningún concepto puede viajar” al extranjero. Los viajes de vacaciones a destinos como “Punta Cana” o los paseos en “un crucero” quedan absolutamente vetados en estos escenarios. Sin embargo, aclaró que la movilización dentro del país norteamericano “sí está permitida” sin mayores riesgos para el estatus migratorio.
En ese contexto, recordó el alcance de Blanche v. Lau, un fallo reciente de la Corte Suprema sobre residentes permanentes que regresan a Estados Unidos y enfrentan antecedentes o cargos vinculados a delitos de vileza moral.
La decisión permitió que oficiales de la CBP en el reingreso traten al residente que tiene esa condición como solicitante de admisión sin probar en ese momento, con evidencia clara y convincente, que cometió ese delito. En la práctica, la persona puede quedar bajo parole migratorio y enfrentar un proceso de remoción.
Deportación expedita en EE.UU.: quiénes pueden quedar alcanzados tras el fallo
Amarán detalló cambios drásticos en los procedimientos de expulsión y explicó el fallo de una corte de apelaciones en Washington D. C. En esa instancia, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones falló 2-1 a favor de permitir la expansión de las deportaciones expeditas.
La medida afecta a los individuos que ingresaron sin documentación legal, acumulan “menos de dos años” en Estados Unidos y no superaron una entrevista de miedo creíble.
La profesional destacó que esta directiva sufrió una expansión alarmante a nivel nacional. Anteriormente, las autoridades aplicaban la expulsión rápida solo a las personas interceptadas en la misma frontera, pero ahora cualquier individuo localizado en “cualquier lugar” queda sujeto a la sanción, amparada en la “sección 235”. La característica más perjudicial de este proceso legal radica en que el detenido “no tendría derecho de ver a un juez”.
El proceso de la entrevista de miedo creíble puede desarrollarse en plazos breves, según la abogada. Amarán argumentó que un oficial formula apenas “tres o cuatro preguntas”, lo cual puede dificultar la consulta legal y la preparación de evidencia, aunque la normativa prevé la posibilidad de consultar y presentar documentación disponible.
Al respecto, consideró que esta remoción sumaria vulnera las garantías del proceso de asilo, ya que el individuo carece del tiempo estipulado para demostrar que “verdaderamente amerita asilo”.
Para contrarrestar este riesgo migratorio, recomendó a los recién llegados portar su documentación en todo momento y “estar preparados” para probar su temor inminente de retornar a su país de origen.