El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la deportación del ex coronel Rafael José Quero Silva a Venezuela, ocurrida el 18 de agosto, tras una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración.
Estados Unidos deportó a Venezuela al ex coronel Rafael José Quero Silva, señalado de participar en la detención y tortura de manifestantes opositores durante el gobierno de Nicolás Maduro. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que la expulsión se concretó el 18 de agosto, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de inmigración.
Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con sede en Barquisimeto, estado Lara. Según las investigaciones incorporadas al proceso migratorio, durante su gestión la unidad estuvo vinculada con la represión de protestas contra Maduro y con abusos cometidos contra presos políticos.
Informes revisados por las autoridades estadounidenses indican que Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes. Los detenidos habrían sufrido descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, además de amenazas de violación y agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
Cinco venezolanos presentaron posteriormente una demanda civil en un tribunal federal estadounidense. En sus denuncias describieron golpes, heridas provocadas por disparos, amenazas y otros maltratos durante el período en que permanecieron bajo custodia de efectivos de la GNB. Uno de los demandantes afirmó haber recibido un disparo en el abdomen, mientras otro relató haber sido alcanzado por proyectiles a corta distancia.
La presencia de Quero Silva en Estados Unidos fue detectada años después de los hechos. Integrantes de la comunidad venezolana en Miami lo reconocieron y aportaron información a las autoridades. El ex militar incluso había aparecido como extra interpretando a un agente policial en la producción televisiva en español “Mi Familia Perfecta”, emitida en 2018.
Quero Silva había ingresado a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami. ICE sostuvo que no abandonó el país dentro del período autorizado. El organismo lo arrestó el 27 de febrero de 2025 en Miramar y posteriormente quedó recluido en el Centro de Detención Krome, en Miami-Dade.
En noviembre de 2025, un juez de inmigración resolvió que el ex militar había participado en violaciones de derechos humanos en Venezuela y ordenó su expulsión. Quero Silva apeló la decisión. Su abogado rechazó los señalamientos y cuestionó la detención de su cliente antes de una entrevista relacionada con una solicitud de asilo. Hasta entonces, el ex militar no enfrentaba en Estados Unidos una acusación penal por las presuntas torturas.
La deportación fue ejecutada por ICE después de que la orden de expulsión quedara vigente.
“Los agentes del ICE continúan expulsando a sus países de origen a los violadores de derechos humanos”, declaró Matthew Elliston, director de la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en Miami.
El funcionario agregó que el caso demuestra el trabajo conjunto de ICE Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y el Centro de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. “Estamos comprometidos con la seguridad pública y la seguridad nacional”, afirmó Elliston, al explicar que el objetivo es impedir que Estados Unidos sea un refugio para personas vinculadas con persecución, tortura u otros abusos graves.
José R. Figueroa, responsable de HSI en Miami, sostuvo que la agencia continuará identificando e investigando a personas señaladas por violaciones de derechos humanos.
“Las personas que participaron en actos de persecución o tortura no pueden eludir la justicia”, afirmó.
Quero Silva regresó a Venezuela mientras sigue abierta la demanda civil presentada por cinco presuntas víctimas.
ICE señaló que desde 2003 ha detenido a más de 520 personas por infracciones relacionadas con abusos contra los derechos humanos. En ese período, consiguió órdenes de deportación y expulsó a 1.178 personas identificadas o sospechadas de esas violaciones, mientras que otras 208 abandonaron el país con asistencia de las autoridades.