La Cámara de Casación ratificó por mayoría el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones establecidos en la causa Vialidad.
La Sala IV de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó este viernes por mayoría el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La medida busca cubrir los casi $685.000 millones por los que todos los condenados en la causa Vialidad deben responder en forma solidaria.
La decisión ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo, lo que habilitó la ejecución de las penas, pero el decomiso quedó sujeto a apelaciones que recién ahora se resolvieron. Es lo único que restaba ejecutar de la condena.
Las defensas de los condenados habían intentado limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. La expresidenta, por ejemplo, buscó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, así como terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz, propiedades cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.
Sin embargo, la estrategia fue rechazada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes coincidieron con el dictamen del fiscal Mario Villar. Hornos señaló que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta” y debe traducirse en una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito. Barroetaveña adhirió en todos sus términos.
El juez Mariano Borinsky, en disidencia parcial, sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
La medida alcanza también a bienes del empresario Lázaro Báez, principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, así como de su empresa Austral y otras firmas satélites.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de forma solidaria por el monto actualizado venció el 13 de agosto del año pasado, pero las apelaciones mantuvieron el decomiso en suspenso hasta ahora.