La Sala IV de la Cámara de Casación Penal dispuso avanzar con la ejecución de bienes inmuebles para reparar el daño económico causado por el fraude en la obra pública.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó avanzar con el decomiso de 111 propiedades vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La medida se inscribe en el marco de la causa Vialidad y busca reparar el daño económico causado al Estado nacional por el fraude en la obra pública.
Entre los bienes afectados se encuentran terrenos en El Calafate, complejos de departamentos y estancias patagónicas. El Tribunal Oral Federal 2 estableció que el monto total a resarcir mediante el remate de estos bienes asciende a 684.990 millones de pesos.
En la primera tanda de ejecuciones, Cristina Kirchner y sus herederos perderán propiedades como el hotel Los Sauces Casa Patagónica, un complejo boutique lindante a la residencia familiar en El Calafate que llegó a estar alquilado por 90.000 dólares mensuales. También se incluye un complejo de once departamentos en Río Gallegos y terrenos en Punta Soberana.
Lázaro Báez será el mayor perjudicado, con 84 propiedades a su nombre que deberá entregar. Entre ellas se destaca la Chacra 39, una propiedad de 14.250 metros cuadrados con quinchos, cancha de fútbol, gimnasio e invernadero, valuada en más de 52 millones de pesos. También se incluye la estancia «Los Gurises» y decenas de casas, cocheras y terrenos en El Calafate y Río Gallegos.
La orden de Casación se suma al remate de otras 40 propiedades ordenado por el juez Néstor Costabel en el marco de la causa «La Ruta del Dinero K», por un decomiso de 55 millones de dólares. El destino final de los bienes quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podrá asignar los recursos en favor de la ciudadanía santacruceña.