Una investigación de LA NACION revela la dimensión de la litigiosidad que enfrenta la administración pública; al sumar otros organismos descentralizados, como Anses, los juicios se multiplican; las demandas generan incertidumbre porque la mayoría no tiene monto definido.
La administración central de Argentina enfrenta 339.085 demandas activas, según registros actualizados al mes pasado. La cifra no incluye reclamos frente a ARCA, Anses ni pleitos internacionales. A septiembre pasado existían 294.308 juicios en trámite en los que Anses fue notificada como parte.
El dato fue obtenido por LA NACION de fuentes oficiales y cotejado con respuestas a pedidos de acceso a la información pública. Más de 183.000 expedientes no tienen una cifra cuantificada, lo que representa más de la mitad del universo de demandas registradas. Las demandas con montos conocidos suman $479.494.736.524, US$5.324.674.723, €2.498.705, £2.498.705 y ¥933.000.000.
El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, afirmó: “Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país. Actualmente, intervenimos de manera directa en más de 30 causas de máxima relevancia institucional y participamos en otras 150 como patrocinantes”.
Los reclamos por diferencias salariales concentran 145.360 expedientes, más del 40% de la litigiosidad registrada. Le siguen cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), ejecución fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagarés (3%), amparo por mora (3%) y ejecución de tarjeta de crédito (3%).
El 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por Buenos Aires (11%), Córdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%). Entre las dependencias más demandadas están la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería.
Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri, declaró: “Hay millones en juicios contra el Estado. Esa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una política de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducción de personal estatal. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el país y el exterior. Esa deuda no está calculada en la deuda pública y se paga con seguridad jurídica”.
El 78,5% de los expedientes activos fueron iniciados antes de diciembre de 2023. Desde enero de 2024 se incorporaron 72.768 nuevas causas, equivalentes al 21,5% del stock vigente.
En el frente internacional, el principal riesgo era el juicio por la expropiación de YPF por más de US$16.000 millones, que el Estado ganó en segunda instancia en Nueva York. La Procuración sigue el litigio por el Cupón PBI en Londres, con una sentencia por 1330 millones de euros, y se avanzó en acuerdos por US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para Attestor.