Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación señala la posible existencia de una estructura ilegal vinculada a Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), empresa estatal bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que involucra al ministro Edwin Palma y a altos funcionarios del sector.
Una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la SAE, señala la posible existencia de una red organizada para la compra, legalización y comercialización de oro de origen ilícito. Según información publicada por la revista Semana, la denuncia involucra al ministro Edwin Palma, a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, y a otros funcionarios.
De acuerdo con el documento, la estructura incluiría personas naturales, cooperativas, comercializadoras de oro e intermediarios, cuya función sería dar apariencia de legalidad a oro sin trazabilidad mediante facturación, registros mineros y operaciones de exportación. Díaz afirmó haber advertido de estos hechos al presidente Gustavo Petro y a Amelia Pérez sin obtener respuesta directa.
La denuncia detalla movimientos financieros bajo sospecha, centrados en operaciones por aproximadamente 5.600 millones de pesos. Ese monto fue girado como anticipo a la cooperativa Serintegroup para la compra de metales preciosos, fondos que luego fueron transferidos a la empresa Spectre Consulting SAS. El giro se realizó el 28 de mayo de 2026, lo que generó una alerta del revisor fiscal de la empresa por posible triangulación, falta de trazabilidad y riesgo de retiro en efectivo.
El informe del revisor fiscal, fechado el 19 de junio de 2026, advierte que la función del tercero consistiría en monetizar los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. El revisor recomendó suspender este tipo de giros y pagar directamente a los proveedores, pero parte del dinero ya había sido entregada y no se justificó completamente.
Hasta la fecha, solo se han legalizado cerca de 4.000 millones de pesos con facturas emitidas semanas después de la transferencia, mientras que 1.200 millones permanecen sin soporte documental. La revisoría fiscal solicitó la pronta legalización del resto de los recursos, advirtiendo sobre posibles reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La denuncia también incluye a María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de Seguimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM); a Amelia Pérez, presidenta de la SAE; y a Mery Janneth Gutiérrez, asesora de la presidencia de la SAE. Según Semana, Díaz sostiene que existen conversaciones, chats, audios, mensajes de voz y documentos que registrarían exigencias económicas y pagos indebidos.
En declaraciones a Semana, Carrillo negó los señalamientos y sostuvo: “Eso es para comprar oro. Los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que exportamos”. Explicó que las operaciones requieren intermediarios y que la falta de bancos en las regiones obliga a manejar efectivo. Sobre la trazabilidad, aseguró que “tenemos una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo”.
Por su parte, Gutiérrez afirmó al medio que su relación con los procesos es únicamente institucional y que ha denunciado penalmente a Díaz por injuria y calumnia tras recibir amenazas y múltiples comunicaciones de su parte.
El denunciante, Marlon Díaz, solicitó ser incluido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, alegando amenazas y presiones derivadas de la información aportada. Las autoridades han recibido documentación relevante sobre la operación de Meprecol y las alertas de su revisoría fiscal, lo que ha activado los mecanismos de investigación.