Cada vez más sindicatos incorporan cláusulas de revisión, reaperturas anticipadas o mecanismos de renegociación en sus acuerdos salariales, en un contexto de desconfianza sobre la evolución de la inflación y temor a cambios en el escenario económico antes de fin de año.
Ante la desconfianza sobre la evolución de la inflación y el temor a un cambio del escenario económico antes de fin de año, cada vez más gremios comenzaron a incorporar cláusulas de revisión, reaperturas anticipadas o mecanismos de renegociación en sus acuerdos salariales. Mientras algunos sindicatos cuestionan directamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, otros optaron por dejar abierta la posibilidad de volver a discutir salarios durante los próximos meses para evitar una pérdida del poder adquisitivo.
La estrategia aparece en distintos convenios firmados durante las últimas semanas y convive con posturas diferentes entre sindicatos y cámaras empresarias. Mientras algunos sectores consideran que la inflación oficial resulta insuficiente para proyectar las paritarias, otros sostienen que los acuerdos pueden mantenerse hasta diciembre sin necesidad de cláusulas gatillo.
Uno de los dirigentes más críticos es Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), quien cuestionó directamente la medición oficial de la inflación. «Partimos de la base de que este INDEC miente. Miente como mintió el INDEC del kirchnerismo», afirmó. Según explicó, el gremio utiliza un índice propio que contempla el comportamiento de gastos como alimentos, alquileres y educación, por lo que además del IPC «siempre negociamos algunas décimas más» e incorporan «cláusulas gatillo o cláusulas de renegociación al final del período».
Una postura similar expresó el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). Desde la organización señalaron que la incorporación de cláusulas de revisión responde a «la falta de confianza en las proyecciones económicas» y busca impedir que los salarios pierdan poder adquisitivo frente a eventuales cambios en las condiciones económicas. El gremio sostuvo además que la desaceleración del IPC se produce en un contexto recesivo, con pérdida de empleo formal, precarización laboral y deterioro del mercado interno. También advirtió que la estabilidad actual «es endeble» y se mantiene en estado de «alerta máxima» ante el riesgo de una eventual devaluación que impacte sobre los ingresos de los trabajadores.
En la misma línea se expresó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien aseguró a PERFIL que los gremios del sector privado que integran la central priorizan las cláusulas de revisión por encima de las cláusulas gatillo. Según explicó, el objetivo no es únicamente acompañar la inflación, sino también recuperar parte del salario perdido. «La cláusula gatillo permitiría simplemente emparejar el salario con la inflación. Esto significa resignar la pérdida que estamos teniendo acumulada durante este año», sostuvo. Yasky agregó que las previsiones sobre la evolución de la inflación todavía presentan incertidumbre y mencionó como factores de riesgo la actividad económica, la caída de la recaudación, las tensiones cambiarias y el contexto internacional.
La cautela también comenzó a reflejarse en los propios acuerdos paritarios. El convenio firmado entre la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) y la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) establece expresamente que ambas partes volverán a reunirse antes de finalizar el período vigente para negociar los salarios que regirán desde el 1° de enero de 2027. En la actividad de carga y descarga también quedó prevista una nueva instancia de negociación. El acuerdo entre UTCYDRA y la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola reservó parte de la recomposición salarial para la negociación paritaria prevista para septiembre de este año, cuando deberá definirse el porcentaje definitivo que se incorporará a los salarios básicos. Por su parte, el convenio firmado entre SMATA y la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA) establece que los incrementos acordados comprenden las variaciones del IPC y otros eventuales ajustes. Sin embargo, también prevé que, si se producen «graves distorsiones o circunstancias de carácter excepcional en el curso de la economía nacional», las partes se autoconvocarán para analizar la situación.
No todos los sectores, sin embargo, siguieron el mismo camino. Desde la Cámara empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) señalaron que el acuerdo alcanzado recientemente con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue firmado hasta fin de año y aclararon: «no pautamos cláusula gatillo». Además, indicaron que, hasta el momento, la evolución de la inflación «se viene sosteniendo» y remarcaron que la actividad depende de las compensaciones que otorga el Estado para afrontar los aumentos salariales. Desde la cámara detallaron que no son «generadores de ingresos propios». En este caso, el sistema funciona a través de subsidios o compensaciones y allí es donde Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires son los que pagan el subsidio a las empresas mensualmente. Por lo tanto, «cada vez que se genera un acuerdo paritario, dependemos de, en este caso del Gobierno Nacional, un reajuste. Si no, no hay manera de incrementar, ya que con tarifa no se puede lograr eso», mencionaron desde CEAP.
Una visión similar expresó Marcelo Pasciutto, director general del Grupo DOTA, quien sostuvo que la paritaria del transporte quedó atada a la inflación y consideró que actualmente «la economía y los ingresos están estables». No obstante, reconoció que los salarios del sector todavía arrastran un desfasaje generado durante el cambio de gobierno, aunque señaló que hoy un chofer de colectivo percibe entre $1,9 millones y $2 millones de bolsillo por una jornada laboral de ocho horas.
Así, mientras algunos sectores consideran que el IPC oficial resulta suficiente para negociar aumentos, otros prefieren incorporar mecanismos que permitan reabrir las discusiones salariales antes de que finalice el año. La diferencia de estrategias refleja que, más allá de la desaceleración de la inflación, una parte del sindicalismo continúa buscando herramientas para cubrirse frente a un posible cambio del escenario económico.