Rappazzo dejaría el control preventivo para enfocarse en narcotráfico y justicia. El decreto reportado aún no fue difundido con estructura, recursos ni responsables.
Buenos Aires, 24 agosto (NA) – La gestión de Mauro García quedó bajo presión por una reorganización que separa la prevención municipal de las funciones de Justicia y Política Criminal en General Rodríguez y concentra el primer bloque en Emanuel Juárez, un secretario que ya conduce Inspección General, Comercio, Tránsito y Control Urbano. La nueva distribución se conoció el 23 de agosto, pero no fue acompañada por la publicación del decreto, el organigrama ni los recursos previstos para cada área.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Nicolás Rappazzo dejaría de intervenir en la prevención cotidiana y mantendría una secretaría enfocada en narcotráfico, bandas organizadas, política criminal y acceso a la Justicia. Las tareas municipales de seguridad preventiva quedarían absorbidas por la estructura que encabeza Juárez.
La información conocida indica que el intendente ya habría firmado el acto administrativo correspondiente. Esa versión no equivale a una publicación oficial: mientras el decreto no sea incorporado al Boletín Municipal o comunicado con su número y articulado, no es posible verificar el nombre definitivo de las dependencias, su presupuesto, la nómina de funcionarios ni la fecha exacta de entrada en vigencia.
García había reconocido el 11 de agosto que trabajaba con Rappazzo en una redefinición de funciones. En ese momento confirmó que el funcionario seguiría dentro del gabinete y que su nuevo perfil estaría vinculado con la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones criminales y el acceso a la Justicia. El Municipio todavía no había identificado públicamente quién asumiría la prevención ni cómo quedaría estructurada la Secretaría de Seguridad.
La definición reportada dos semanas después coloca esa responsabilidad sobre Juárez. Su cartera ya administra inspecciones comerciales, habilitaciones, tránsito, transporte y la Guardia de Ordenamiento Urbano. El propio funcionario explicó al asumir que ese cuerpo está integrado por inspectores municipales, no es una fuerza policial y no puede realizar detenciones ante la comisión de un delito.
Esa limitación obliga a distinguir competencias. La Policía y la DDI dependen de la Provincia, no del intendente. El Municipio sí interviene en el Centro de Operaciones y Monitoreo, las llamadas de emergencia, los puestos fijos, las cámaras, los móviles comunales y la coordinación local con las fuerzas bonaerenses. El cambio de estructura afecta, precisamente, quién conduce esas herramientas y responde políticamente por su funcionamiento.
La reorganización llega después de reclamos de comerciantes por robos y ataques registrados durante julio. Representantes del sector mantuvieron reuniones con autoridades policiales, Rappazzo y Juárez y pidieron precisiones sobre móviles, monitoreo y respuesta en el centro. Parte de esos episodios terminó con detenciones, pero la discusión dejó expuestas diferencias sobre conducción y coordinación dentro del Ejecutivo.
No hay elementos que permitan afirmar que la división sea ilegal ni que Juárez carezca de facultades para recibir nuevas competencias. El intendente puede reorganizar su gabinete dentro del marco municipal. El punto no aclarado es operativo: la información pública disponible no detalla si Seguridad tendrá presupuesto y personal propios, si se crearán direcciones específicas ni quién quedará a cargo del vínculo diario con la Policía, el COM y las emergencias.
La separación también modifica la rendición de cuentas. Rappazzo conservaría las políticas vinculadas con investigaciones complejas y acceso a la Justicia, mientras Juárez sumaría prevención a cuatro áreas de control que ya estaban bajo su órbita. Sin el acto completo, no puede establecerse dónde termina la responsabilidad de uno y comienza la del otro ante un operativo, una falla del monitoreo o una emergencia.
Mauro García había confirmado la redefinición de Rappazzo y la continuidad del funcionario en el gabinete. La distribución conocida el 23 de agosto ubicó la prevención bajo Juárez, pero el decreto reportado, el organigrama resultante y la asignación de recursos no figuraban difundidos en la documentación pública consultada.
Agencia NA