Un informe de Human Rights Watch (HRW) detalla que mercenarios colombianos fueron contratados por una empresa privada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), entrenados en bases militares de ese país y desplegados en Sudán para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar acusado de crímenes de guerra.
El informe de Human Rights Watch (HRW), publicado recientemente, documenta que mercenarios colombianos fueron contratados por la empresa Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, y recibieron entrenamiento en bases militares de Emiratos Árabes Unidos (EAU) antes de ser desplegados en Sudán para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
Según el documento, el reclutamiento de cientos de colombianos comenzó en 2024. Los reclutados fueron trasladados a las bases militares de Ghiyathi y Al Wathba, donde recibieron formación de oficiales emiratíes. Un contratista colombiano relató a HRW que al llegar a EAU no les sellaron los pasaportes y fueron llevados directamente a la base de Ghiyathi para el entrenamiento.
La presencia de estos contratistas en Sudán quedó registrada en octubre de 2025, cuando las RSF tomaron la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, y perpetraron asesinatos y abusos. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Sudán afirmó que los hechos en El Fasher presentaban “indicios de genocidio”.
HRW verificó videos y fotografías que muestran a los contratistas luchando y entrenando junto a las RSF. La primera evidencia pública de su presencia surgió en noviembre de 2024, cuando videos en redes sociales mostraron la interceptación de un convoy de colombianos que había ingresado por Libia. Los contratistas portaban proyectiles de 81 mm de fabricación búlgara, desviados de arsenales de las Fuerzas Armadas de EAU, según investigaciones de HRW, Amnistía Internacional y France 24.
El informe también recoge testimonios de residentes de El Fasher que presenciaron la participación de extranjeros “blancos” en los asesinatos masivos cometidos por las RSF. Un contratista colombiano afirmó haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos alrededor de Nyala, donde muchos de los reclutas eran niños pequeños. El derecho internacional prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años en conflictos armados, considerándolo un crimen de guerra. El secretario general de la ONU confirmó 16 casos de reclutamiento infantil por parte de las RSF en 2024.
GSSG fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la Corte Presidencial de EAU, quien transfirió sus acciones en 2017 a Mohamed Hamdan al-Zaabi, socio comercial y actual directivo. Un exempleado declaró que entre los clientes de la empresa podrían encontrarse altos miembros de la familia gobernante. Las autoridades de EAU niegan haber brindado apoyo militar a las RSF y sostienen que su asistencia a Sudán es exclusivamente humanitaria.
HRW compartió sus hallazgos con GSSG, funcionarios de EAU y otras partes implicadas, sin obtener respuesta. El informe solicita que el Consejo de Seguridad de la ONU investigue a GSSG y a al-Zaabi por su posible papel en violación del embargo de armas sobre Darfur, y recomienda que la Unión Europea, la Unión Africana y los gobiernos interesados consideren sanciones específicas y suspendan la cooperación militar y ventas de armas a EAU.
La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, afirmó: “Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Gobiernos a nivel global deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los Emiratos Árabes Unidos respecto a su apoyo a las RSF y deben poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.